La policía ha analizado la mitad de lo intervenido en ´Astapa´

La policía ha analizado la mitad de lo intervenido en ´Astapa´

Los investigadores se llevaron 150 cajas de documentación del Ayuntamiento de Estepona. Su complejidad es tal que sólo se han estudiado setenta y cinco

La Opinión de Málaga. JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA
El trabajo de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad Contra las Drogas y el Crimen Organizado (Udyco) de la Costa del Sol está siendo titánico en los diversos casos de corrupción de la provincia. Pero se enfrentan a realidades criminales complejas, encubiertas con multitud de entramados societarios y medias verdades, lo que hace muy difícil sus indagaciones.
El ´caso Astapa´ contra la corrupción urbanística en Estepona estalló en junio de 2008. En los registros realizados en las diversas dependencias municipales, incluido el Consistorio, la policía se incautó de 150 cajas de documentación relativa a la trama. La dificultad de su estudio y la gran cantidad de papeles requisados han propiciado que los investigadores únicamente hayan podido analizar la documentación contenida en la mitad de las cajas, es decir, 75, por lo que a la instrucción le queda para rato.
Del estudio exhaustivo de esos documentos, obviamente, nacerán más imputaciones, según aseguraron ayer fuentes cercanas al caso. Pero el nuevo juez instructor de este asunto, Jesús Torres, se lo está tomando con calma porque no quiere dejar ningún cabo sin atar.
A medida que avance el estudio de esos papeles –en su mayoría convenios urbanísticos, contratos de compraventa, extractos bancarios y papeles relativos a diversas sociedades–, la magnitud de lo ocurrido en Estepona bajo el mandato del ex alcalde socialista Antonio Barrientos quedará dibujada con claridad.
Por el momento, hay 63 imputados en esta trama, la mayor parte de ellos ediles o ex concejales de la corporación esteponera, promotores, constructores y empresarios de distinto tipo, así como abogados especializados en asesoramiento inmobiliario.
El asunto de las cajas de documentación no es nuevo. De hecho, el ahora alcalde, David Valadez, y la edil Cristina Rodríguez acudieron el 16 de noviembre de 2006 a la sede de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), ubicada en Madrid, donde expusieron con pelos y señales los supuestos tejemanejes del entonces regidor y de su mano derecha, José Flores. Para aquilatar su denuncia, entregaron tres cajas repletas de escritos, ampliando a los cuatro días su aportación documental.
Estas tres cajas guardan pruebas "vitales" y sirvieron de base a la Fiscalía Anticorrupción para abrir las diligencias informativas que acabaron llevando a Barrientos y a su núcleo duro a la cárcel. Esos papeles continúan bajo secreto de sumario (sólo se ha abierto en dos ocasiones), y los abogados han pedido una y otra vez poder tener acceso a esos papeles, auténtica columna vertebral de este caso de corrupción. De momento, tendrán que esperar para ver colmadas sus exigencias.