El PP se equivoca en Estepona

El PP se equivoca en Estepona

Editorial Málaga Hoy.
EL Partido Popular ha entrado en una dinámica muy peligrosa en su pulso para forzar que la única salida viable para el Ayuntamiento de Estepona sea su disolución. La decisión de aliarse con los ocho concejales imputados por presunta corrupción en el caso Astapa, y que se resisten a dejar su acta municipal, para rebajarle el sueldo al equipo de gobierno socialista, eliminar el cobro de tasas como la basura, suprimir cargos de confianza o restringir el uso de los móviles o el coche oficial sólo persigue tensar la cuerda para que el deterioro político haga imposible la gestión del Ayuntamiento, que sólo por la eliminación de las tasas dejará de ingresar unos 20 millones de euros. Mirándose en el espejo de Marbella y la operación Malaya, el PP de Estepona ha presumido en el último año de haber quedado al margen de la operación policial, que supuso la detención del ya ex alcalde socialista Antonio Barrientos, cinco de sus ediles y dos de los ex gilistas del PES. Pero el líder local del PP, Ignacio Mena, no ha tenido empacho en canalizar el posible espíritu de venganza de los concejales procesados hacia el hombre que denunció la trama, el actual alcalde David Valadez, para intentar gobernar desde la oposición con una táctica de acoso y derribo al gobierno. En los casos de Marbella y Estepona hay similitudes, pero también grandes diferencias. Ambos municipios siguen pagando las consecuencias del nefasto paso del GIL, con plantillas sobredimensionadas e inasumibles, problemas urbanísticos y unas arcas municipales maltrechas, si no en bancarrota. Pero en Estepona fue el hoy regidor quien puso coto a los desmanes al acudir a la Fiscalía. El PSOE fue el partido más votado, pero también es el máximo responsable de lo acaecido en el municipio. En numerosas ocasiones Valadez ha tendido la mano a los populares para formar coalición e intentar sacar la ciudad de la ruina en la que se encuentra, con continuos cortes de luz y teléfono por impago y graves dificultades para afrontar las nóminas y las deudas a proveedores, ya que la ayuda prometida por la Junta no llega. Es lícito que el PP descarte participar en el gobierno, pero su actual estrategia por conquistar el poder a cualquier precio le deslegitima.