El alcalde de Estepona, a la cárcel acusado de cuatro delitos graves
Público. Sábado 21 de junio de 2008
El alcalde de Estepona, a la cárcel acusado de cuatro delitos graves
El socialista Antonio Barrientos, alcalde de Estepona desde 2003, urdió una trama de corrupción inspirada en la de Marbella que operaba de manera institucionalizada, según fuentes conocedoras del funcionamiento del Ayuntamiento. Lo hizo apoyado y asesorado por su jefe de Gabinete, José Flores, que marcaba las directrices políticas y negociaba los convenios pese a no tener acta de concejal, y por Manuel Reina y José Ignacio Crespo, dos ediles fundadores del Partido de Estepona (PES, ex gilistas) con el que el PSOE pactó para gobernar. La jueza Isabel Conejo envió ayer, tras oírles, a prisión a Barrientos y Flores acusados ambos de cuatro delitos graves: cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo.
El grueso del tinglado estaba en las valoraciones urbanísticas, según las mismas fuentes. Ahí entra la figura de Javier Wittmeur, ingeniero y ex candidato del PES adscrito a Urbanismo, que se encuentra en prisión sin fianza, al igual que Crespo y el alcalde. Contratado en agosto de 2004 por el propio Crespo, Witmeur se encargaba presuntamente de peritar los terrenos que después el Ayuntamiento vendía a las empresas en virtud de convenios de recalificación. Las firmas de Ignacio de la Hoz, jefe de Planeamiento (en libertad bajo fianza de 50.000 euros), y de Andrés Flores, jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo (en libertad con cargos) aparece en diversos convenios, según las fuentes.
Un papel parecido al de Wittmeur desempeñaba Arturo Cebrián, contratado en abril de 2005, quien supuestamente dirigía la más pequeña de las dos oficinas de cobro de comisiones: la mayor operaba bajo la mano de Barrientos, Flores, Francisco Zamorano, actual concejal de Hacienda (PSOE), y Pedro López, hoy militante socialista y ex gerente de Urbanismo del PES. Flores, actuaba como mano derecha del alcalde y muñidor en la sombra, según las fuentes.
Conexión Marbella-Estepona
El rastro de López y Cebrián abrió los cauces más nítidos entre la corrupción en Marbella y en Estepona. José Antonio Roca, presunto cerebro del caso Malaya, se refiere en unas escuchas a López como su hombre de confianza en el municipio vecino. Cebrián aparece en otras escuchas realizadas en el marco de la operación Hidalgo contra el blanqueo, aunque no está imputado.
La Policía centra ahora su investigación en una treintena de convenios. El dinero de las empresas entraba a espuertas en las oficinas, sin ningún control, según las fuentes. Era la fórmula de las “donaciones voluntarias”, en realidad una compensación por las recalificaciones favorables por las que están en libertad con fianzas de 500.000 y 300.000 euros, respectivamente, Luis Fernando Linares, ex consejero de Valle Romano, y José Romero, presidente de Prasa, acusados de delitos contra la Administración.
Dinero por aprovechamientos
“El funcionamiento era sencillo: dinero a cambio de aprovechamientos urbanísticos”, indican fuentes del consistorio. Después de la aprobación de la ley urbanística de Andalucía en 2002, quedó prohibido que los ingresos urbanísticos fueran a gastos corrientes. La trama nació con una solución: “Imagina una operación. 800 millones de pesetas aparecen en convenio y 200 son en B. Ese dinero permitía mantener al margen al interventor y al tesorero y se seguía actuando con absoluta impunidad”, añaden estas fuentes. Con el dinero cobrado se financiaban las concejalías. Ahí se explican las detenciones de las ediles socialistas Marisa Rodríguez (Playas), Mariví López (Educación) y Asunción López (Cultura y Fiestas Mayores).
"Los que vinieron a delinquir fueron los gilistas. Y Barrientos, que iba de guardián de la legalidad, entró al trapo. Pactar con el gilismo tiene un precio. Entre delincuentes, listillos y tontos de baba, se ha liado muy gorda”, explica un político que conoce al alcalde desde la niñez. Y agrega que los comicios de 2007 cambiaron el panorama. Pese a que dos ediles ya habían advertido a Marisa Bustinduy, líder provincial del PSOE, de que Barrientos hacía “cosas feas”, éste se presentó. Bustinduy aseguró días atrás que les pidió pruebas, pero que los ediles no las aportaron.
Barrientos dirigió personalmente el urbanismo entre 2003 y 2007
En 2007 la operación Malaya ya había hecho saltar en mil pedazos la impunidad en Marbella. Barrientos, que entre 2003 y 2007 gestionó personalmente el área de Urbanismo, fichó para la concejalía en su segundo mandato a Rafael Duarte, que arrastraba el crédito de venir, nada menos, que de ser vocal de Urbanismo de la gestora de la Marbella post-Malaya. Duarte, que no está detenido ahora, y que desde el martes ha brindado información a la Policía, defiende ante las cámaras la honorabilidad del alcalde.
Pero el nuevo mandato no frenó la pugna entre oficialistas y críticos dentro del PSOE local, que encontraba nuevos argumentos, como el astronómico sueldo del alcalde. Barrientos iba a percibir entre 2007 y 2011 más de 97.210 euros, convirtiéndose en uno de los diez regidores mejor pagados del país. El socialista David Valadez, concejal de Bienestar Social, discrepó públicamente de Barrientos en infinidad de ocasiones, no sólo en relación con los convenios urbanísticos, sino también por las adjudicaciones a personas afines y el funcionamiento de las empresas públicas. La otra crítica era Cristina Rodríguez, de Comercio.
Choques por el amiguismo
También hubo choques por el amiguismo. En los últimos dos años el Ayuntamiento de Estepona ha contratado a alrededor de 300 trabajadores a dedo, un buen número de los cuales han pasado a convertirse en militantes del PSOE, espesando de esta manera la telaraña de clientelismo político en la zona.Tras los pasados comicios, Barrientos amplió su ventaja y pudo prescindir así por fin del gilista José Ignacio Crespo –en prisión incondicional–, que en el último año ha perdido su peso, quedándose como concejal raso y azuzando desde su posición las disputas internas entre el alcalde y sus dos concejales díscolos, que denuncian desde hace cuatro años que algo feo ocurre en Estepona.
El alcalde de Estepona, a la cárcel acusado de cuatro delitos graves
El socialista Antonio Barrientos, alcalde de Estepona desde 2003, urdió una trama de corrupción inspirada en la de Marbella que operaba de manera institucionalizada, según fuentes conocedoras del funcionamiento del Ayuntamiento. Lo hizo apoyado y asesorado por su jefe de Gabinete, José Flores, que marcaba las directrices políticas y negociaba los convenios pese a no tener acta de concejal, y por Manuel Reina y José Ignacio Crespo, dos ediles fundadores del Partido de Estepona (PES, ex gilistas) con el que el PSOE pactó para gobernar. La jueza Isabel Conejo envió ayer, tras oírles, a prisión a Barrientos y Flores acusados ambos de cuatro delitos graves: cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo.
El grueso del tinglado estaba en las valoraciones urbanísticas, según las mismas fuentes. Ahí entra la figura de Javier Wittmeur, ingeniero y ex candidato del PES adscrito a Urbanismo, que se encuentra en prisión sin fianza, al igual que Crespo y el alcalde. Contratado en agosto de 2004 por el propio Crespo, Witmeur se encargaba presuntamente de peritar los terrenos que después el Ayuntamiento vendía a las empresas en virtud de convenios de recalificación. Las firmas de Ignacio de la Hoz, jefe de Planeamiento (en libertad bajo fianza de 50.000 euros), y de Andrés Flores, jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo (en libertad con cargos) aparece en diversos convenios, según las fuentes.
Un papel parecido al de Wittmeur desempeñaba Arturo Cebrián, contratado en abril de 2005, quien supuestamente dirigía la más pequeña de las dos oficinas de cobro de comisiones: la mayor operaba bajo la mano de Barrientos, Flores, Francisco Zamorano, actual concejal de Hacienda (PSOE), y Pedro López, hoy militante socialista y ex gerente de Urbanismo del PES. Flores, actuaba como mano derecha del alcalde y muñidor en la sombra, según las fuentes.
Conexión Marbella-Estepona
El rastro de López y Cebrián abrió los cauces más nítidos entre la corrupción en Marbella y en Estepona. José Antonio Roca, presunto cerebro del caso Malaya, se refiere en unas escuchas a López como su hombre de confianza en el municipio vecino. Cebrián aparece en otras escuchas realizadas en el marco de la operación Hidalgo contra el blanqueo, aunque no está imputado.
La Policía centra ahora su investigación en una treintena de convenios. El dinero de las empresas entraba a espuertas en las oficinas, sin ningún control, según las fuentes. Era la fórmula de las “donaciones voluntarias”, en realidad una compensación por las recalificaciones favorables por las que están en libertad con fianzas de 500.000 y 300.000 euros, respectivamente, Luis Fernando Linares, ex consejero de Valle Romano, y José Romero, presidente de Prasa, acusados de delitos contra la Administración.
Dinero por aprovechamientos
“El funcionamiento era sencillo: dinero a cambio de aprovechamientos urbanísticos”, indican fuentes del consistorio. Después de la aprobación de la ley urbanística de Andalucía en 2002, quedó prohibido que los ingresos urbanísticos fueran a gastos corrientes. La trama nació con una solución: “Imagina una operación. 800 millones de pesetas aparecen en convenio y 200 son en B. Ese dinero permitía mantener al margen al interventor y al tesorero y se seguía actuando con absoluta impunidad”, añaden estas fuentes. Con el dinero cobrado se financiaban las concejalías. Ahí se explican las detenciones de las ediles socialistas Marisa Rodríguez (Playas), Mariví López (Educación) y Asunción López (Cultura y Fiestas Mayores).
"Los que vinieron a delinquir fueron los gilistas. Y Barrientos, que iba de guardián de la legalidad, entró al trapo. Pactar con el gilismo tiene un precio. Entre delincuentes, listillos y tontos de baba, se ha liado muy gorda”, explica un político que conoce al alcalde desde la niñez. Y agrega que los comicios de 2007 cambiaron el panorama. Pese a que dos ediles ya habían advertido a Marisa Bustinduy, líder provincial del PSOE, de que Barrientos hacía “cosas feas”, éste se presentó. Bustinduy aseguró días atrás que les pidió pruebas, pero que los ediles no las aportaron.
Barrientos dirigió personalmente el urbanismo entre 2003 y 2007
En 2007 la operación Malaya ya había hecho saltar en mil pedazos la impunidad en Marbella. Barrientos, que entre 2003 y 2007 gestionó personalmente el área de Urbanismo, fichó para la concejalía en su segundo mandato a Rafael Duarte, que arrastraba el crédito de venir, nada menos, que de ser vocal de Urbanismo de la gestora de la Marbella post-Malaya. Duarte, que no está detenido ahora, y que desde el martes ha brindado información a la Policía, defiende ante las cámaras la honorabilidad del alcalde.
Pero el nuevo mandato no frenó la pugna entre oficialistas y críticos dentro del PSOE local, que encontraba nuevos argumentos, como el astronómico sueldo del alcalde. Barrientos iba a percibir entre 2007 y 2011 más de 97.210 euros, convirtiéndose en uno de los diez regidores mejor pagados del país. El socialista David Valadez, concejal de Bienestar Social, discrepó públicamente de Barrientos en infinidad de ocasiones, no sólo en relación con los convenios urbanísticos, sino también por las adjudicaciones a personas afines y el funcionamiento de las empresas públicas. La otra crítica era Cristina Rodríguez, de Comercio.
Choques por el amiguismo
También hubo choques por el amiguismo. En los últimos dos años el Ayuntamiento de Estepona ha contratado a alrededor de 300 trabajadores a dedo, un buen número de los cuales han pasado a convertirse en militantes del PSOE, espesando de esta manera la telaraña de clientelismo político en la zona.Tras los pasados comicios, Barrientos amplió su ventaja y pudo prescindir así por fin del gilista José Ignacio Crespo –en prisión incondicional–, que en el último año ha perdido su peso, quedándose como concejal raso y azuzando desde su posición las disputas internas entre el alcalde y sus dos concejales díscolos, que denuncian desde hace cuatro años que algo feo ocurre en Estepona.
posted by j.I @ 5:27 AM
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