Ética de baja intensidad

Artículo de opinión de José Manuel Atencia publicado en El País

Ética de baja intensidad

"Primero recibe una felicitación navideña de un empresario; luego le envían unas botellas de un buen vino, y después un jamón. Poco a poco le van introduciendo en un ambiente de lujo y de ágapes. Un ambiente en el que pueden verse involucradas otras fuerzas vivas de la sociedad, como notarios, jueces, fiscales y periodistas. Le invitan al palco del fútbol, a los toros o a hoteles en los que el empresario tiene intereses. El siguiente paso es que el responsable político ve la posibilidad de participar en el negocio. Una oportunidad, pues dentro de cuatro años quizá no esté ya en el poder".
Este párrafo lo he cogido de una de las pocas intervenciones públicas del juez Torres, en unas jornadas jurídicas en Bilbao. El magistrado se refirió a estas prácticas como un modo de corrupción de baja intensidad, instalada en la sociedad como un hábito normal: el de los pequeños agasajos y las dádivas que ofrecen las empresas. Ni que decir tiene que el juez ya conocía el informe policial con el listado de personas a las que la principal inmobiliaria implicada en el caso Malaya, Aifos, remitió regalos e invitaciones, y que incluía alcaldes, concejales, técnicos municipales, jueces, notarios y empleados de banca.
Figurar en la lista no implica que los beneficiarios aceptaran los regalos. Es más, muchos de ellos los rechazaron y con su presencia en el listado se está cometiendo una irresponsabilidad. Pero también es evidente que otros muchos los aceptaron. Lo importante de la lista es que pone al descubierto un sistema de componendas que la sociedad ha decidido asumir como normal. Con esa misma normalidad con la que se le rechaza al dentista una factura con IVA, se retoca la declaración de la renta para conseguir plaza en el colegio para el niño o tantas tentaciones que se ofrecen a periodistas, médicos u otros colectivos. En esto, quién esté libre de pecado que tire el jamón, las botellas de vino o las invitaciones al cine o al teatro, en vez de la primera piedra.
Entre el caso de un político que recibe y acepta un jamón de una constructora con intereses en su municipio, por un lado, y el escándalo de un alcalde que duplica su fortuna junto a un empresario gracias a una recalificación amañada, por otro, podría parecer que hay una diferencia abismal. Pero si uno se fija bien, sólo se trata de una etapa distante en el camino de la corrupción. Hasta hace algún tiempo, lo primero se había banalizado e incluso normalizado, mientras lo segundo era censurable. Desde hace poco, lo segundo corre el riesgo de acabar de la misma forma. Los resultados de las pasadas elecciones demostraron una escasa exigencia ética de muchos ciudadanos hacia sus regidores, redoblando los votos hacia personas imputadas o bajo sospecha.
La justicia dedica enormes esfuerzos en investigar los actos de prevaricación de los cargos públicos corruptos, pero apenas profundiza en el cohecho. Prevaricar, o lo que es lo mismo, dictar resoluciones injustas a sabiendas, se suele hacer por intereses; en la mayoría de los casos económicos. La sentencia por prevaricación lleva a la inhabilitación, pero la investigación del cohecho te dirige al centro de la trama, ya que para que alguien reciba dinero tiene que existir otra persona que lo ofrezca.
El levantamiento parcial del sumario contra el alcalde y el concejal de Urbanismo de Alhaurín el Grande desvela que la trama es más preocupante de lo que se presumía, pero el PP sigue manteniendo una actitud similar hacia estos dos imputados que militan en sus filas. Empezaron poniendo la mano en el fuego por ellos y van a terminar abrasados por la realidad. Desgraciadamente, también hay casos en los demás partidos. Y contadas excepciones, como la decisión del PSOE de forzar la dimisión del alcalde de Mijas tras ponerse un sueldo de 125.000 euros. No resulta alentador que, al igual que con la corrupción, los partidos políticos hayan aceptado que también existe una ética de baja intensidad.