La Policía ve "intereses ocultos" en un convenio entre el Ayuntamiento de Estepona con una inmobiliaria

Diario Sol. Miércoles 11 de julio de 2007

La Policía ve "intereses ocultos" en un convenio entre el Ayuntamiento de Estepona con una inmobiliaria

El acuerdo se refiere a la venta de aprovechamientos urbanísticos en la zona de Bahía de Estepona, suscrito en noviembre de 2005

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía considera que existen irregularidades e "intereses ocultos" en un convenio urbanístico firmado en noviembre de 2005 entre el Ayuntamiento de Estepona con una sociedad inmobiliaria relacionada con Juan Antonio Roca, presunto cerebro del "Caso Malaya", a través de uno de sus testaferros, Óscar Jiménez.

El acuerdo se refiere a la venta de aprovechamientos urbanísticos en la zona de Bahía de Estepona, y fue suscrito el 14 de noviembre de 2005 por el alcalde de la localidad, Antonio Barrientos (PSOE) con el apoderado de Inmobiliaria Eridano, Julio Blasco, que está imputado en el ‘Caso Malaya'. Este convenio fue aprobado por el pleno el 24 de febrero de 2006.

El informe de la Policía, fechado el 30 de enero de 2007, incide en que el Ayuntamiento de Estepona vendió el 90 por ciento de la parcela a 757,1 euros el metro cuadrado y el 10 por ciento restante a 831,3 euros, según la valoración efectuada por los técnicos adscritos al departamento de Urbanismo.

Los investigadores observan un "desfase" en la valoración referida a unos 2.300 metros con la que se fija en un contrato privado suscrito entre Inmobiliaria Eridano y Atriz Gestión Inmobiliaria, que cifra en 2.085,5 euros cada metro cuadrado edificable.
Por ello, la Policía deduce la "existencia de intereses ocultos" y se pregunta por qué no adquirió el terreno directamente Atriz Gestión Inmobiliaria y negoció con el Ayuntamiento de Estepona de forma directa posteriormente la adquisición de los derechos.

En el informe, apunta que la opción elegida podría deberse a que "posiblemente las trabas formuladas en los distintos departamentos municipales y los precios establecidos hubieran diferido sensiblemente de no intermediar Óscar Benavente y Óscar Jiménez, ambos presuntos testaferros de Roca, mediante su influencia en el área de Urbanismo en función de sus contactos con Pedro López (coordinador de Urbanismo en el Ayuntamiento)".
Benavente, al que se señala en el informe como el "engranaje fundamental para el buen devenir de la operación", acudió el 29 de noviembre de 2005 a la Delegación municipal de Urbanismo de Estepona para retirar el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la entidad Inversora Inmobiliaria Eridano.

La Policía incide en que durante la tramitación del convenio fue Benavente quien se informó de la "evolución de los acontecimientos" a través de Pedro López, al que consideraba "un hombre suyo".Además, precisa que López dependía "directamente" del alcalde del municipio, Antonio Barrientos, también responsable de Urbanismo.

En este sentido, apunta que como máximo responsable del Ayuntamiento de Estepona, Barrientos pudo "haber tenido conocimiento de las irregularidades que concierten al departamento de Urbanismo".

Inversora Inmobiliaria Eridano es una de las sociedades que aparece en la documentación incautada en los registros practicados en la sede de Maras Asesores en Marbella, la cual utilizaba supuestamente Roca para recibir pagos ilegales de empresarios y promotores.