El Tribunal de Cuentas pide abrir causa penal a un edil de Estepona

Información aparecida el jueves 7 de diciembre en La Opinión de Málaga

El Tribunal de Cuentas pide abrir causa penal a un edil de Estepona

El concejal ex gilista vendió dos viviendas después de que fuese declarado presunto responsable contable de las cantidades sin justificar de la era GIL

SANTIAGO MANCHADO. ESTEPONA
Entre uno y cuatro años de prisión y multa de 12 a 24 meses. Ése es el castigo que recoge el Código Penal para los delitos de alzamientos de bienes, y al que se puede enfrentar el concejal de Turismo de Estepona, Antolín González, ex gilista y actual integrante del Partido Estepona (PES).El Tribunal de Cuentas ha solicitado al Ministerio Fiscal que proceda por la vía penal contra el citado edil por un presunto delito de alzamiento de bienes, según se recoge en la documentación facilitada por la nueva formación política Convocatoria, que está personada para ejercer la acción pública en los procesos abiertos en el municipio por el máximo órgano fiscalizador.El citado tribunal ha realizado esta petición después de detectar que González vendió dos viviendas unifamiliares a un tercero para, presuntamente, no responder con su patrimonio al requerimiento que le hizo este órgano para que reintegrase, depositase o afianzase unas cantidades por presuntos alcances contables cometidos en varias de las sociedades municipales creadas por el gobierno del GIL entre los años 1995 y 1999, y de las que era administrador.Al no atender el requerimiento, el Tribunal de Cuentas acordó el embargo de los bienes y derechos del concejal, según Convocatoria. Fue cuando se percató de que poco después de la fecha de liquidación provisional de algunas empresas, concluída el 8 de septiembre de 2005, el edil vendió sus propiedades a un tercero para evitar que fueran embargadas.Hay que recordar que el órgano fiscalizador del Estado detectó 12 millones de euros sin justificar en las sociedades municipales estepona XXI, y también considera responsables de este `agujero económico´ a otros ex administradores, como Víctor Sánchez Pinacho y el actual primer teniente de alcalde, José Ignacio Crespo, en la actualidad en el PES.Embargo de nóminas. La formación política que ha dado a conocer la situación instó ayer al alcalde, el socialista Antonio Barrientos, al embargo de las nóminas que González y Crespo reciben como concejales. Además, desde Convocatoria también criticaron que el primer edil "sólo haya formulado demanda en nueva de las 15 piezas separadas abiertas por el Tribunal de Cuentas por presuntos delitos de alcance fiscal. De hecho, el Consistorio no ha presentado demanda por la extinta sociedad Obras Estepona XXI, donde hay pendiente de justificar cinco millones de euros.El nuevo partido considera que Barrientos "no defiende los intereses generales al exigir sólo el 10% de los 12 millones de euros pendientes de justificación". Por ejemplo, en las sociedades Planeamiento, Compras y Servicios hay dos millones sin justificar, pero el abogado de las empresas sólo reclama 360.000 euros.