Los secundarios del 'caso Astapa'

Los secundarios del 'caso Astapa'

Los imputados no detenidos confirman la corrupción municipal en Estepona

El País. En los meses posteriores al inicio de la Operación Astapa contra la corrupción en Estepona (Málaga), decenas de personas desfilaron como testigos y como imputados -aunque no fueron detenidos- ante la policía y la primera juez instructora del caso, Isabel Conejo. Muchos de estos testimonios, cuyo secreto ha sido levantado por el actual instructor, Jesús Torres, corroboran las irregularidades denunciadas por el actual alcalde, David Valadez (PSOE), y que acabaron en junio de 2008 con el ex regidor Antonio Barrientos, y los hombres fuertes del Ayuntamiento en la cárcel. Contrataciones a dedo a familiares y miembros del partido, sobornos de promotores a técnicos y a políticos y otras prácticas corruptas fueron ampliamente descritas por algunos de los implicados.

Uno de los testigos más locuaces fue Juan Carlos Gurrea, ex gerente de la empresa del Ayuntamiento Desarrollos Municipales, quien declaró ante la policía que el ex edil de Hacienda Francisco Zamorano tenía "pleno dominio" sobre las contrataciones de personal en las empresas municipales, que se hacían "a dedo y atendiendo a criterios de militancia política, amistad y, sobre todo, vínculos familiares". También comentó que el mismo Zamorano "presionó para que todas las empresas municipales fueran trasladadas al edificio Puertosol", donde el concejal tiene varios locales en propiedad.

La estrategia de defensa del concejal Zamorano, expulsado del PSOE y actualmente en el grupo de no adscritos, quedó comprometida cuando su esposa, Narcisa Vizuete, también imputada, declaró que la empresa Lauzavi, SL, de la que es principal administradora, es controlada principalmente por su marido. Esta sociedad recibió supuestamente 794.000 euros en dos años de empresarios con intereses urbanísticos en Estepona. Vizuete declaró también que "en muchas ocasiones" su marido le traía cheques y facturas en blanco para que las firmara, pero que ignoraba tanto el destino como la cuantía de los mismos.

Otra declaración jugosa fue la del ex concejal de Urbanismo Rafael Duarte, quien dijo ante la policía que "el Ayuntamiento de Estepona tiene una gran confusión entre el interés público y el privado". Según Duarte, numerosos técnicos del área de Urbanismo incumplían las reglas de incompatibilidad, de modo que por la mañana trabajan para el Ayuntamiento y por la tarde para los promotores, a los que presuntamente benefician a cambio de dinero. El arquitecto municipal Tomás Álvarez recibió supuestamente 17.400 euros de Puente Romano, la promotora más potente del municipio en los años de Barrientos y principal patrocinadora de actos del PSOE en la localidad.

Un informe policial resume el papel de estos actores secundarios de la trama corrupta esteponera. Uno de los más interesantes es Ángel Montero Peña, conocido por su apodo de El Lechuga. Este amigo del ex alcalde, funcionario elegido a dedo, se encargaba de intermediar entre el Ayuntamiento y las empresas del holding Valle Romano, que le ingresaba una cantidad mensual. Según los agentes, esta mediación ha permitido a Montero pasar de vivir de alquiler a poseer dos casas, una cantera y gestionar pubs. Su esposa ha pasado de trabajar en la limpieza a constituir una sociedad de compraventa de inmuebles. Montero, que en el anterior mandato fue director del área de Agricultura, recibió un ingreso de 185.000 euros del extranjero que levantó las sospechas del servicio de prevención del blanqueo del Banco de España.

Entretanto, los principales imputados en la trama tratan de echarle la culpa a otros. Barrientos negó ante la juez que exigiera dinero a empresarios y que las aportaciones de grupos como Valle Romano las llevaba su jefe de Gabinete de Alcaldía, José Flores. Éste, a su vez, negó tener capacidad alguna de decisión en los convenios. Sin embargo, su coartada fue desbaratada por el empresario Antonio Bazán, que en un convenio urbanístico trató "principalmente" con Flores.