El Ayuntamiento de Estepona aprueba el inicio del expediente urbanístico con la casa Real Saudí
El Ayuntamiento de Estepona aprueba el inicio del expediente urbanístico con la casa Real Saudí
El acuerdo supondrá el ingreso en las arcas municipales de 8 millones de euros que se destinarán a infraestructuras
El pleno del Ayuntamiento de Estepona aprobó hoy el inicio del expediente del texto refundido del convenio urbanístico firmado con la casa Real Saudí que supondrá el ingreso en las arcas municipales de 8 millones de euros que se destinarán a infraestructuras.
Desde la oposición el concejal del PES, Juan Manuel Rodríguez, pidió que se incluyera en el expediente una cláusula "que garantice que en el caso de que la propiedad venda los terrenos objeto del convenio las plusvalías reviertan el pueblo".
Por su parte el no adscrito, Francisco Zamorano, aseguró que en el expediente que se llevó a pleno "se aumenta el volumen de la parcela del 0,15 que se contemplaba en el acuerdo firmado el 16 de junio de este año a un 0,28 que se refleja en el de hoy".
Respecto a las manifestaciones de Zamorano, el portavoz del PP, Ignacio Mena, aseguró que el PGOU de 1994, que es el vigente, fijaba para la zona una edificabilidad del 0,45 al 1, mientras que en el convenio de hoy se rebaja al 0,28. Según dijo el popular, "el volumen del 0,15 se recogía en la propuesta inicial del PGOU que hoy por hoy es papel mojado. No se ha aprobado y no sabemos si ese suelo iba a quedar así".
En cuanto a la propuesta de la oposición de que el desarrollo del sector se hiciera de manera conjunta, el portavoz socialista Antonio Sánchez, aseguró que el sector se desarrolla "como dos unidades integradas, ahorrándose a los pequeños propietarios el pago de los costes que supondría la urbanización". Además, el alcalde y responsable de Urbanismo señaló que los pequeños propietarios "no han querido, por ahora, entrar dentro del sector a desarrollar, si bien durante las diferentes fases de exposición del expediente podrán incluirse en el caso de que cambiaran de opinión".
Adaptación del PGOU
El pleno aprobó la adaptación del PGOU a la LOUA. Desde la oposición Ignacio Mena aseguró que con esta medida "solo se deja desarrollar el PGOU del 94, que hoy está obsoleto, pero no se podrá clasificar suelos, alterar densidades o promover nuevas infraestructuras".
Por otro lado, el popular instó al gobierno a exigir a Enrique Bardají, director del equipo redactor del nuevo PGOU, "que haga bien su trabajo o que devuelva los 900.000 euros que se le han pagado por algo que no ha terminado".
El concejal de IU, Eduardo Alarcón, señaló que la adaptación del PGOU a la LOUA "se hace de manera paralela a la redacción del nuevo planeamiento", y añadió que "la sola obtención de terrenos de manera inmediata para la construcción de VPO ya justifica la adaptación inmediata del PGOU a la LOUA".
El alcalde, por su parte, señaló que la semana que viene "se mantendrá una reunión con todos los portavoces de los grupos municipales para determinar el contenido de la adaptación del PGOU".
En asuntos urgentes, el pleno aprobó una modificación presupuestaria por valor de siete millones de euros excedentes de las cuentas de 2007, cantidad que se destinará a la ejecución de obras públicas.
Desde la oposición tanto el PP como el PES vieron con malos ojos esa modificación presupuestaria ya que, según recordaron, "existe una sentencia que anula los presupuestos de 2008 por vulnerarse los derechos fundamentales de la oposición al convocarse la comisión informativa pocos minutos antes de la celebración de la sesión".
El concejal de Hacienda, Antonio Sánchez, apuntó que la modificación presupuestaria "es necesario que se haga antes de finales de año, o si no se perderán esos 7 millones de euros que tanto necesita la ciudad". El citado edil, además, apuntó que la sentencia "se refiere a un defecto de forma, pero no al contenido de la sesión ni a los presupuestos en sí".
Denuncia
El concejal no adscrito, Francisco Zamorano, acusó al alcalde, David Valadez (PSOE), de contratar en el Ayuntamiento "a personas afines que habían sido despedidas" por lo que el regidor anunció que la semana que viene llevará las declaraciones de Zamorano a los tribunales. Según Zamorano "el plan de austeridad del que tanto habla el alcalde no es más que una pantomima".
Por su parte Valadez señaló que no va a admitir que "personas que están en libertad bajo fianza me den lecciones de moralidad", a lo que añadió que mientras él gobierne "nunca jamás llegaré a acuerdos con trabajadores despedidos a espaldas de nadie". Valadez señaló que no va a permitir que "un individuo de esa catadura moral", refiriéndose a Zamorano, imputado en el caso Astapa y en libertad bajo fianza, "trate de menoscabar mi credibilidad ni mi dignidad, y puesto que la única salida digna que tengo es la de acudir a los tribunales lo haré tantas veces como pueda, le pese a quién le pese".
En otro orden de cosas la concejala no adscrita, Marisa Rodríguez, pidió al alcalde que destituyera a su jefe de gabinete de alcaldía, Luciano Sánchez. La citada edil señaló que el funcionario "se ha construido sobre suelo rústico una vivienda cometiendo una presunta irregularidad urbanística".
Rodríguez, imputada en el caso Astapa y en libertad bajo fianza, señaló que las imputaciones "se basa en sospechas que se investigan y cuando hay pruebas se hace el escrito de acusación. En el caso de Luciano Sánchez hay pruebas y unos hechos constatados".
La citada edil denunció el caso a los medios de comunicación pero no ante la justicia, de la que dijo, "ahora está obligada a intervenir de oficio".
Ante estas manifestaciones el alcalde señaló que la persona "que ahora pide el cese del jefe de gabinete, no se aplica para ella lo que pide para los demás, porque no hay que olvidar que sigue con su acta de concejal a pesar de estar imputada en el caso Astapa y de que el partido le pidió que entregara su acta".
Valadez señaló que mientras que él sea alcalde "todos los ciudadanos serán tratados con la misma vara de medir", por lo que dijo que actuará "en consecuencia cuando tenga todos los informes solicitados sobre este caso".
El acuerdo supondrá el ingreso en las arcas municipales de 8 millones de euros que se destinarán a infraestructuras
El pleno del Ayuntamiento de Estepona aprobó hoy el inicio del expediente del texto refundido del convenio urbanístico firmado con la casa Real Saudí que supondrá el ingreso en las arcas municipales de 8 millones de euros que se destinarán a infraestructuras.
Desde la oposición el concejal del PES, Juan Manuel Rodríguez, pidió que se incluyera en el expediente una cláusula "que garantice que en el caso de que la propiedad venda los terrenos objeto del convenio las plusvalías reviertan el pueblo".
Por su parte el no adscrito, Francisco Zamorano, aseguró que en el expediente que se llevó a pleno "se aumenta el volumen de la parcela del 0,15 que se contemplaba en el acuerdo firmado el 16 de junio de este año a un 0,28 que se refleja en el de hoy".
Respecto a las manifestaciones de Zamorano, el portavoz del PP, Ignacio Mena, aseguró que el PGOU de 1994, que es el vigente, fijaba para la zona una edificabilidad del 0,45 al 1, mientras que en el convenio de hoy se rebaja al 0,28. Según dijo el popular, "el volumen del 0,15 se recogía en la propuesta inicial del PGOU que hoy por hoy es papel mojado. No se ha aprobado y no sabemos si ese suelo iba a quedar así".
En cuanto a la propuesta de la oposición de que el desarrollo del sector se hiciera de manera conjunta, el portavoz socialista Antonio Sánchez, aseguró que el sector se desarrolla "como dos unidades integradas, ahorrándose a los pequeños propietarios el pago de los costes que supondría la urbanización". Además, el alcalde y responsable de Urbanismo señaló que los pequeños propietarios "no han querido, por ahora, entrar dentro del sector a desarrollar, si bien durante las diferentes fases de exposición del expediente podrán incluirse en el caso de que cambiaran de opinión".
Adaptación del PGOU
El pleno aprobó la adaptación del PGOU a la LOUA. Desde la oposición Ignacio Mena aseguró que con esta medida "solo se deja desarrollar el PGOU del 94, que hoy está obsoleto, pero no se podrá clasificar suelos, alterar densidades o promover nuevas infraestructuras".
Por otro lado, el popular instó al gobierno a exigir a Enrique Bardají, director del equipo redactor del nuevo PGOU, "que haga bien su trabajo o que devuelva los 900.000 euros que se le han pagado por algo que no ha terminado".
El concejal de IU, Eduardo Alarcón, señaló que la adaptación del PGOU a la LOUA "se hace de manera paralela a la redacción del nuevo planeamiento", y añadió que "la sola obtención de terrenos de manera inmediata para la construcción de VPO ya justifica la adaptación inmediata del PGOU a la LOUA".
El alcalde, por su parte, señaló que la semana que viene "se mantendrá una reunión con todos los portavoces de los grupos municipales para determinar el contenido de la adaptación del PGOU".
En asuntos urgentes, el pleno aprobó una modificación presupuestaria por valor de siete millones de euros excedentes de las cuentas de 2007, cantidad que se destinará a la ejecución de obras públicas.
Desde la oposición tanto el PP como el PES vieron con malos ojos esa modificación presupuestaria ya que, según recordaron, "existe una sentencia que anula los presupuestos de 2008 por vulnerarse los derechos fundamentales de la oposición al convocarse la comisión informativa pocos minutos antes de la celebración de la sesión".
El concejal de Hacienda, Antonio Sánchez, apuntó que la modificación presupuestaria "es necesario que se haga antes de finales de año, o si no se perderán esos 7 millones de euros que tanto necesita la ciudad". El citado edil, además, apuntó que la sentencia "se refiere a un defecto de forma, pero no al contenido de la sesión ni a los presupuestos en sí".
Denuncia
El concejal no adscrito, Francisco Zamorano, acusó al alcalde, David Valadez (PSOE), de contratar en el Ayuntamiento "a personas afines que habían sido despedidas" por lo que el regidor anunció que la semana que viene llevará las declaraciones de Zamorano a los tribunales. Según Zamorano "el plan de austeridad del que tanto habla el alcalde no es más que una pantomima".
Por su parte Valadez señaló que no va a admitir que "personas que están en libertad bajo fianza me den lecciones de moralidad", a lo que añadió que mientras él gobierne "nunca jamás llegaré a acuerdos con trabajadores despedidos a espaldas de nadie". Valadez señaló que no va a permitir que "un individuo de esa catadura moral", refiriéndose a Zamorano, imputado en el caso Astapa y en libertad bajo fianza, "trate de menoscabar mi credibilidad ni mi dignidad, y puesto que la única salida digna que tengo es la de acudir a los tribunales lo haré tantas veces como pueda, le pese a quién le pese".
En otro orden de cosas la concejala no adscrita, Marisa Rodríguez, pidió al alcalde que destituyera a su jefe de gabinete de alcaldía, Luciano Sánchez. La citada edil señaló que el funcionario "se ha construido sobre suelo rústico una vivienda cometiendo una presunta irregularidad urbanística".
Rodríguez, imputada en el caso Astapa y en libertad bajo fianza, señaló que las imputaciones "se basa en sospechas que se investigan y cuando hay pruebas se hace el escrito de acusación. En el caso de Luciano Sánchez hay pruebas y unos hechos constatados".
La citada edil denunció el caso a los medios de comunicación pero no ante la justicia, de la que dijo, "ahora está obligada a intervenir de oficio".
Ante estas manifestaciones el alcalde señaló que la persona "que ahora pide el cese del jefe de gabinete, no se aplica para ella lo que pide para los demás, porque no hay que olvidar que sigue con su acta de concejal a pesar de estar imputada en el caso Astapa y de que el partido le pidió que entregara su acta".
Valadez señaló que mientras que él sea alcalde "todos los ciudadanos serán tratados con la misma vara de medir", por lo que dijo que actuará "en consecuencia cuando tenga todos los informes solicitados sobre este caso".
posted by j.I @ 10:53 AM
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