El Ayuntamiento de Estepona debe 40 millones a la Seguridad Social
El País. Sábado 5 de julio de 2008
El Ayuntamiento de Estepona debe 40 millones a la Seguridad Social
El dinero en los bancos da para pagar las nóminas hasta noviembre
El equipo de gobierno que dirija el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) tras la operación Astapa contra la corrupción deberá acometer una seria revisión de sus finanzas. El consistorio acumula una deuda con la Seguridad Social de 40,5 millones, según fuentes de este último organismo.
De esta cantidad, 30 millones corresponden a tres de las cinco sociedades municipales. Las empresas que adeudan más cotizaciones son Desarrollos Municipales Estepona S.L. (12,4 millones), Servicios Municipales S.L. (6,3 millones) y Promoción y Comunicación Estepona S.L. (2,6 millones).
Un arqueo de las cuentas realizado por el tesorero municipal el pasado 16 de junio, un día antes de que la Policía tomara el Ayuntamiento por el caso Astapa, arrojaba un saldo positivo de 32 millones. Pero esta cifra, que bastaría para cancelar la deuda de estas tres sociedades, ha bajado desde entonces. A finales de mes se pagaron los 5,5 millones que cuestan las nóminas de los cerca de 1.700 trabajadores municipales, muchos de los cuales fueron contratados a dedo en las sociedades municipales en los últimos años. El resto servirá para pagar los salarios hasta noviembre.
En total, la deuda con la Seguridad Social llega a los 40,5 millones, 10 millones más hace justo un año. El verano pasado, el ex alcalde Antonio Barrientos, en prisión preventiva desde hace dos semanas, anunció un plan de pagos.
Por aquel entonces aseguró que la deuda era de 31 millones y que correspondía, sobre todo, a las cotizaciones de la época del GIL (1995-99). "La Secretaría de la Seguridad Social da muchas facilidades para comenzar a pagar, pero si la administración deudora falla en un sólo pago, se le vuelve a poner en la lista de morosos", señala un técnico consultado. Las cotizaciones pendientes de pago impiden que el municipio reciba los fondos que el Estado trasfiere a las administraciones locales. Según el ex edil de Hacienda Francisco Zamorano, cesado esta semana por su implicación en el caso Astapa, Estepona lleva más de siete años sin recibir estas ayudas.
Marbella debía en marzo de 2006, cuando se destapó el caso Malaya, 178 millones de euros por los impagos de 15 años en una plantilla que llegaba a los 3.000 trabajadores. La deuda de la Seguridad Social de Estepona (666 euros por habitante) es todavía la mitad de la que arrastraba la ciudad vecina (1.224 euros).
Pero las cotizaciones sociales no son el único lastre de la ciudad. La deuda total asciende a 95 millones y cada vez es más difícil que entre dinero en las arcas. Primero fue la Ley de Vivienda protegida y Suelo, que prohibió el uso de dinero procedente de operaciones urbanísticas antes de que se aprobara definitivamente el planeamiento correspondiente, y después llegó la crisis del ladrillo, que en el último año ha hecho que disminuyan notablemente las construcciones en la Costa del Sol.
Con este plan, el Consistorio tuvo que pedir un crédito de 20 millones a Cajasol, para poder garantizarse el pago de las nóminas y pequeños proveedores. Mientras los responsables municipales buscaban la forma de sortear la falta de fondos, la Unidad de delitos fiscales de la Policía Nacional seguía sus movimientos. La financiación irregular de actividades municipales e incluso de los partidos políticos abrió una causa por la que han salido del equipo de gobierno el alcalde y otros cuatro concejales socialistas, todos expulsados del PSOE.
El Ayuntamiento de Estepona debe 40 millones a la Seguridad Social
El dinero en los bancos da para pagar las nóminas hasta noviembre
El equipo de gobierno que dirija el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) tras la operación Astapa contra la corrupción deberá acometer una seria revisión de sus finanzas. El consistorio acumula una deuda con la Seguridad Social de 40,5 millones, según fuentes de este último organismo.
De esta cantidad, 30 millones corresponden a tres de las cinco sociedades municipales. Las empresas que adeudan más cotizaciones son Desarrollos Municipales Estepona S.L. (12,4 millones), Servicios Municipales S.L. (6,3 millones) y Promoción y Comunicación Estepona S.L. (2,6 millones).
Un arqueo de las cuentas realizado por el tesorero municipal el pasado 16 de junio, un día antes de que la Policía tomara el Ayuntamiento por el caso Astapa, arrojaba un saldo positivo de 32 millones. Pero esta cifra, que bastaría para cancelar la deuda de estas tres sociedades, ha bajado desde entonces. A finales de mes se pagaron los 5,5 millones que cuestan las nóminas de los cerca de 1.700 trabajadores municipales, muchos de los cuales fueron contratados a dedo en las sociedades municipales en los últimos años. El resto servirá para pagar los salarios hasta noviembre.
En total, la deuda con la Seguridad Social llega a los 40,5 millones, 10 millones más hace justo un año. El verano pasado, el ex alcalde Antonio Barrientos, en prisión preventiva desde hace dos semanas, anunció un plan de pagos.
Por aquel entonces aseguró que la deuda era de 31 millones y que correspondía, sobre todo, a las cotizaciones de la época del GIL (1995-99). "La Secretaría de la Seguridad Social da muchas facilidades para comenzar a pagar, pero si la administración deudora falla en un sólo pago, se le vuelve a poner en la lista de morosos", señala un técnico consultado. Las cotizaciones pendientes de pago impiden que el municipio reciba los fondos que el Estado trasfiere a las administraciones locales. Según el ex edil de Hacienda Francisco Zamorano, cesado esta semana por su implicación en el caso Astapa, Estepona lleva más de siete años sin recibir estas ayudas.
Marbella debía en marzo de 2006, cuando se destapó el caso Malaya, 178 millones de euros por los impagos de 15 años en una plantilla que llegaba a los 3.000 trabajadores. La deuda de la Seguridad Social de Estepona (666 euros por habitante) es todavía la mitad de la que arrastraba la ciudad vecina (1.224 euros).
Pero las cotizaciones sociales no son el único lastre de la ciudad. La deuda total asciende a 95 millones y cada vez es más difícil que entre dinero en las arcas. Primero fue la Ley de Vivienda protegida y Suelo, que prohibió el uso de dinero procedente de operaciones urbanísticas antes de que se aprobara definitivamente el planeamiento correspondiente, y después llegó la crisis del ladrillo, que en el último año ha hecho que disminuyan notablemente las construcciones en la Costa del Sol.
Con este plan, el Consistorio tuvo que pedir un crédito de 20 millones a Cajasol, para poder garantizarse el pago de las nóminas y pequeños proveedores. Mientras los responsables municipales buscaban la forma de sortear la falta de fondos, la Unidad de delitos fiscales de la Policía Nacional seguía sus movimientos. La financiación irregular de actividades municipales e incluso de los partidos políticos abrió una causa por la que han salido del equipo de gobierno el alcalde y otros cuatro concejales socialistas, todos expulsados del PSOE.
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