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Saturday, July 05, 2008

La Policía no descarta interrogar a altos cargos del PSOE sobre la trama de Estepona

ABC. Sábado 5 de julio de 2008

La Policía no descarta interrogar a altos cargos del PSOE sobre la trama de Estepona

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo partido celebra este fin de semana su congreso federal, tiene serios motivos para estar preocupado por la situación de Estepona. Los investigadores del caso «Astapa», que están revisando los expedientes aludidos en las grabaciones, no descartan interrogar a nuevos concejales y altos cargos del PSOE sobre la financiación irregular de la trama de Estepona, según señalaron a ABC fuentes de toda solvencia.
Las fuentes consultadas coinciden en que el escándalo de Estepona va a deparar aún mas sorpresas. La semana que viene puede ser clave para concluir esta primera fase de la trama de corrupción urbanística e institucional, ya que la juez que investiga el caso tomará declaraciones a políticos, técnicos y empresarios de la zona. Al parecer, algunos de los detenidos han colaborado con la Policía y el juez y han aportado datos claves.
La Policía tuvo conocimiento, a través de varias denuncias, en concreto de dos concejales socialistas en el Ayuntamiento esteponero, de que la dirección provincial, que preside Marisa Bustinduy, fue informada antes de las pasadas elecciones de las irregularidades destapadas ahora por el Juzgado.
Bustinduy, quien siempre ha sido muy fiel al presidente de la Diputación, Salvador Pendón, y al presidente andaluz, Manuel Chaves, ha intentado, sin éxito, tapar la crisis de Estepona, junto a miembros de su Ejecutiva y otros cargos orgánicos e institucionales del partido. Además, según militantes del PSOE, la dirección malagueña no es la primera vez que mira hacia otro lado y hace oídos sordos a denuncias sobre irregularidades urbanísticas en otros municipios de la provincia.
Este sentido, recordaron que el secretario de Organización, Francisco Fernández España, los militantes y ex concejales de Nerja Miguel Galvez y María Valera y el gerente del Patronato de la Cueva de Nerja, Angel Ramírez, se han visto salpicados por irregularidades urbanísticas. «A los que denunciamos la corruptela nos amenazan con abrirnos expedientes o expulsarnos del partido», apuntaron algunos militantes socialistas, quienes pidieron permanecer en el anonimato.
Las mismas fuentes solicitaron a Zapatero que «depure responsabilidades políticas y no admita ningún comportamiento irregular en el partido, cuyo lema desde hace mas de cien años es la honradez». También denunciaron que el PSOE de Málaga está siendo sectario con algunos medios de comunicación que están destapando el escándalo y poniendo en aprietos a miembros de la Ejecutiva Provincial.
Según la juez, detrás de este caso existe una financiación irregular de partidos, cuyo alcance ahora es difícil de prever. No obstante, se sabe que la juez ha bloqueado numerosas cuentas a los implicados en la red de Estepona, que oculta una fortuna de centenares de millones en mas de medio centenar de empresas.
Socialistas preocupados
Algunos militantes exigieron al secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, y al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, que afronten la crisis de Málaga «de manera inmediata». «Estamos muy preocupados por las consecuencias que puede tener la operación policial de Estepona», subrayaron.
Según las fuentes consultadas, los socialistas imputados en la trama de Estepona, quienes han sido expulsados del partido, aunque mantienen sus actas de concejales, han mantenido varias reuniones con concejales del PSOE que forman parte del equipo de gobierno para nombrar al próximo regidor municipal. El candidato de los imputados es el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Sánchez, quien llegó ayer al pleno municipal acompañado de los rebeldes socialistas.
Una sobrina de Bono en la lista
Un sector del PSOE de Málaga considera que el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, es la persona idónea para sustituir a Barrientos al frente de la Alcaldía, pero su posible imputación, podría dar al traste con su nombramiento. Duarte declarará la próxima semana en el Juzgado, ya que la Policía le acusa de prevaricación y cohecho. El responsable de Urbanismo ha anunciado que si la juez le imputa algún delito dimitirá de su cargo. Su puesto sería ocupado por Yolanda Franco, pariente del presidente del Congreso, José Bono. Franco, según algunas fuentes, es sobrina de Bono, ex directora del área de la Juventud en el Ayuntamiento y persona de confianza de Barrientos