Año y medio después Duarte acusa a “grupos de interés”
Estepona Información. Sábado 14 de junio de 2008
Año y medio después Duarte acusa a “grupos de interés”
Rafael Duarte considera que el convenio es casi de imposible aplicación en estos momentos
Corría el mes de febrero de 2007 cuando, a sólo tres meses de las elecciones municipales, el alcalde, Antonio Barrientos, firmaba el conocido como convenio de las quinientas viviendas con los representantes de Inmobiliaria Chamartín, asistidos por el secretario de la Corporación y en presencia del entonces primer teniente de alcalde, José Ignacio Crespo, y del concejal que ostentaba la cartera de Vivienda, Juan Manuel Rodríguez. Un convenio que había sido aprobado en diciembre de 2005 y que después de catorce meses era rubricado por la partes, tras haber sido aprobadas sus condiciones en pleno.
El acuerdo fijaba que Chamartín cedía al Consistorio 20.000 metros cuadrados en Las Mesas a cambio de que el Ayuntamiento le hiciese entrega de una serie de aprovechamientos en Arroyo Vaquero, El Padrón y Cancelada. Además, el Ayuntamiento recalificaría 60.000 metros de un sector en la zona de Guadalmansa, que cuenta con más de 300.000, donde la empresa se planteaba la creación de una marina. A cambio de esa recalificación, el Consistorio recibiría 30.000 metros cuadrados en la zona del polígono para la construcción de 300 viviendas de protección así como 80.000 metros cuadrados, clasificados como ‘sistema general’ para la construcción del Parque de Las Mesas. Un acuerdo calificado en el momento de la firma de “excelente” por el alcalde y de “infinitamente mejor para el Ayuntamiento que para Chamartín” por los representantes de la sociedad.
imposible aplicación
Cuando ha pasado ya casi año y medio desde ese momento de pompa y fotografías, de alegría y parabienes, la triste realidad es que no se ha avanzado absolutamente nada y, lo que es peor, el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, considera que ese convenio es casi de imposible aplicación en estos momentos y alude, entre otras cuestiones, a las múltiples dificultades que se presentan, incluso de tipo técnico que, a tenor de los acontecimientos, ninguno de los veintiún concejales que votaron favorablemente el acuerdo en pleno, ni los técnicos municipales, supieron detectar. Rafael Duarte explica que las circunstancias que, a su juicio, tiene el convenio “que son muy complejas ya que una gran parte de esas viviendas, trescientas, estaban supeditadas al procedimiento de redacción del nuevo Plan General y sin ello es muy difícil conseguir eso por lo que se está a la espera de un proceso que es excesivamente lento y tampoco satisfactorio”. Por otro lado, respecto a las otras doscientas viviendas, “hay que dejar claro que no eran gratis para el Ayuntamiento porque éste se tenía que desprender de una importante cifra de aprovechamientos que, además, estaban valorados a precio de viviendas libres y se cambiaban por suelo destinado a viviendas sociales, que está depreciado un treinta o cuarenta por ciento, lo cual generaba un problema muy destacable para la hacienda pública”. Además, asunto en el que parece que nadie, ni siquiera en la concejalía de Urbanismo habían reparado, parte del suelo del polígono estaría afectado por una vía pecuaria y, por si todo eso fuese poco, el plan parcial de ese sector no se ha tocado, sigue exactamente igual que antes incluso de la firma del convenio, en fase de aprobación inicial. Con todos estos inconvenientes ignorados por todos, técnicos y políticos, hasta que ha llegado el nuevo concejal de Urbanismo, Duarte asegura que “hay que buscar algo más inmediato y se está negociando para agilizar la más posible la ejecución de esas viviendas” y, concluye: “hoy por hoy es muy difícil cumplir con ese convenio”.
¿en qué pensaban los que lo aprobaron?
Rafael Duarte dice que no quiere entrar en valoraciones pero es evidente la pregunta ¿en qué pensaban los que redactaron, votaron y firmaron el convenio? Y a esa pregunta no tiene respuesta el concejal ya que sólo contesta que “Yo no valoro lo que se firmó, yo sólo yo me encuentro lo encuentro”. El edil pierde la memoria al recordársele que la misma persona que firmó en representación del Ayuntamiento es, y era, Antonio Barrientos, pero Duarte sale por la tangente al señalar que “aquí hay una nueva apuesta, hay una nueva filosofía que encabeza Antonio Barrientos, que me apoya al cien por cien”. Pero donde no cede un ápice es su convencimiento de que “ese convenio no garantiza poder ejecutar viviendas en un plazo razonable, inmediato”. Al ser cuestionado sobre el futuro de ese convenio, que a todas luces parece ‘papel mojado’ e incluso una tomadura de pelo a ciudadanía, Duarte señala que “puede que se derive a otro convenio transaccional que permita hacer viviendas sociales o puede que una de las partes lo denuncie” aunque matiza que “hay que salir de un convenio que no beneficia a la parte privada, que no beneficia a la parte pública y, por ello, tenemos que movernos”. Duarte deja un reguero de duda sobre el entorno del convenio al asegurar que “hay grupos de interés en Estepona que quieren bombardear cualquier solución”.
Año y medio después Duarte acusa a “grupos de interés”
Rafael Duarte considera que el convenio es casi de imposible aplicación en estos momentos
Corría el mes de febrero de 2007 cuando, a sólo tres meses de las elecciones municipales, el alcalde, Antonio Barrientos, firmaba el conocido como convenio de las quinientas viviendas con los representantes de Inmobiliaria Chamartín, asistidos por el secretario de la Corporación y en presencia del entonces primer teniente de alcalde, José Ignacio Crespo, y del concejal que ostentaba la cartera de Vivienda, Juan Manuel Rodríguez. Un convenio que había sido aprobado en diciembre de 2005 y que después de catorce meses era rubricado por la partes, tras haber sido aprobadas sus condiciones en pleno.
El acuerdo fijaba que Chamartín cedía al Consistorio 20.000 metros cuadrados en Las Mesas a cambio de que el Ayuntamiento le hiciese entrega de una serie de aprovechamientos en Arroyo Vaquero, El Padrón y Cancelada. Además, el Ayuntamiento recalificaría 60.000 metros de un sector en la zona de Guadalmansa, que cuenta con más de 300.000, donde la empresa se planteaba la creación de una marina. A cambio de esa recalificación, el Consistorio recibiría 30.000 metros cuadrados en la zona del polígono para la construcción de 300 viviendas de protección así como 80.000 metros cuadrados, clasificados como ‘sistema general’ para la construcción del Parque de Las Mesas. Un acuerdo calificado en el momento de la firma de “excelente” por el alcalde y de “infinitamente mejor para el Ayuntamiento que para Chamartín” por los representantes de la sociedad.
imposible aplicación
Cuando ha pasado ya casi año y medio desde ese momento de pompa y fotografías, de alegría y parabienes, la triste realidad es que no se ha avanzado absolutamente nada y, lo que es peor, el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, considera que ese convenio es casi de imposible aplicación en estos momentos y alude, entre otras cuestiones, a las múltiples dificultades que se presentan, incluso de tipo técnico que, a tenor de los acontecimientos, ninguno de los veintiún concejales que votaron favorablemente el acuerdo en pleno, ni los técnicos municipales, supieron detectar. Rafael Duarte explica que las circunstancias que, a su juicio, tiene el convenio “que son muy complejas ya que una gran parte de esas viviendas, trescientas, estaban supeditadas al procedimiento de redacción del nuevo Plan General y sin ello es muy difícil conseguir eso por lo que se está a la espera de un proceso que es excesivamente lento y tampoco satisfactorio”. Por otro lado, respecto a las otras doscientas viviendas, “hay que dejar claro que no eran gratis para el Ayuntamiento porque éste se tenía que desprender de una importante cifra de aprovechamientos que, además, estaban valorados a precio de viviendas libres y se cambiaban por suelo destinado a viviendas sociales, que está depreciado un treinta o cuarenta por ciento, lo cual generaba un problema muy destacable para la hacienda pública”. Además, asunto en el que parece que nadie, ni siquiera en la concejalía de Urbanismo habían reparado, parte del suelo del polígono estaría afectado por una vía pecuaria y, por si todo eso fuese poco, el plan parcial de ese sector no se ha tocado, sigue exactamente igual que antes incluso de la firma del convenio, en fase de aprobación inicial. Con todos estos inconvenientes ignorados por todos, técnicos y políticos, hasta que ha llegado el nuevo concejal de Urbanismo, Duarte asegura que “hay que buscar algo más inmediato y se está negociando para agilizar la más posible la ejecución de esas viviendas” y, concluye: “hoy por hoy es muy difícil cumplir con ese convenio”.
¿en qué pensaban los que lo aprobaron?
Rafael Duarte dice que no quiere entrar en valoraciones pero es evidente la pregunta ¿en qué pensaban los que redactaron, votaron y firmaron el convenio? Y a esa pregunta no tiene respuesta el concejal ya que sólo contesta que “Yo no valoro lo que se firmó, yo sólo yo me encuentro lo encuentro”. El edil pierde la memoria al recordársele que la misma persona que firmó en representación del Ayuntamiento es, y era, Antonio Barrientos, pero Duarte sale por la tangente al señalar que “aquí hay una nueva apuesta, hay una nueva filosofía que encabeza Antonio Barrientos, que me apoya al cien por cien”. Pero donde no cede un ápice es su convencimiento de que “ese convenio no garantiza poder ejecutar viviendas en un plazo razonable, inmediato”. Al ser cuestionado sobre el futuro de ese convenio, que a todas luces parece ‘papel mojado’ e incluso una tomadura de pelo a ciudadanía, Duarte señala que “puede que se derive a otro convenio transaccional que permita hacer viviendas sociales o puede que una de las partes lo denuncie” aunque matiza que “hay que salir de un convenio que no beneficia a la parte privada, que no beneficia a la parte pública y, por ello, tenemos que movernos”. Duarte deja un reguero de duda sobre el entorno del convenio al asegurar que “hay grupos de interés en Estepona que quieren bombardear cualquier solución”.
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