La sentencia por el alcance contable de las sociedades de la etapa GIL se podría conocer en diciembre

El Periódico de Estepona. Jueves 4 de octubre de 2007

La sentencia por el alcance contable de las sociedades de la etapa GIL se podría conocer en diciembre

Por A. García
Convocatoria destaca que el Fiscal se haya adherido a sus peticiones en los procesos que actúa como acusación particular

Todo ha quedado visto para sentencia y es posible que en el mes de diciembre se pudiera conocer una sentencia del Tribunal de Cuentas sobre los alcances contables que se pueden derivar de la gestión de las empresas del Ayuntamiento de Estepona puestas en marcha por el GIL durante los años 1995 y 1999, según ha explicado a este periódico el portavoz de la formación Convocatoria Los Verdes que ejerce la acusación particular en tres de las sociedades, aunque los alcances contables comprende a más de una decena que estuvieron activas durante el periodo aludido.
Durante esta semana se ha procedido a la vista las actuaciones de los administradores en las empresas municipales "Planeamiento Estepona XXI", "Servicios Estepona XXI" y "Obras Estepona XXI".Lo más noticiables, según Gerardo Galán, es que el Ministerio Fiscal se ha adherido a las peticiones realizadas por su formación política, cifrando en unos 6 millones de euros las cantidades a justificar en las tres sociedades cuyos administradores eran los ex ediles del GIL, Antolín González, Víctor Sánchez Pinacho y José Ignacio Crespo. Esta cantidad es distinta a la reclamada por el Ayuntamiento, según Galán, que entiende que el montante general de podría sumar una cantidad superior a los catorce millones de euros.

El portavoz de Convocatoria ha dicho que la defensa de los implicados en este asunto siempre ha sido dilatoria, argumentando que todo el asunto había prescrito y señalando a Jesús Gil Marín y Antonio Quero como las personas que llevaban las sociedades. Galán argumentó que en sus declaraciones se llegó a decir por parte de los inculpados en el asunto que no recordaban nada de los asuntos.

También recordó la condena recibida por el abogado que representa los intereses del Ayuntamiento y lo probable es que el supuesto que se produjese una sentencia condenatoria, los implicados ser vería obligados a tener que devolver las cantidades que no se hayan podido justificar.