El ayuntamiento adjudica a Funespaña la gestión de los cementerios y aprobará una liquidación a su favor de 2.638.674,51 euros
El ayuntamiento adjudica a Funespaña la gestión de los cementerios y aprobará una liquidación a su favor de 2.638.674,51 euros
El pleno de la corporación someterá a aprobación el próximo viernes una propuesta del alcalde, José María García Urbano, por la que pretende “aprobar el acuerdo alcanzado entre el ayuntamiento y Funespaña, y con ello aprobar la liquidación del citado contrato por un importe de dos millones seiscientos treinta y ocho mil seiscientos setenta y cuatro euros con cincuenta y un céntimos”.
Además pretende “declarar la culminación del trámite de negociaciones tendentes a la resolución del expediente de liquidación del contrato que fue adjudicado en su día a la entidad Funespaña y cuya resolución fue acordada por el pleno de la corporación el 11 de marzo de 2003”.
Para Valadez es “inexplicable que el ayuntamiento tenga que realizar un desembolso de este tipo a una empresa a la que el propio PP le quitó el servicio por incumplimiento del pliego de condiciones sin que, además, se garantice la renuncia de la empresa a los pleitos planteados con el ayuntamiento”.
Así, la propia propuesta del alcalde especifica que Funespaña continuará con los pleitos “relativos al secuestro de la concesión (recurso 309/2005 que se sigue ante el Juzgado de lo contencioso 3 de Málaga, y el recurso 365%2005 del Juzgado 4)”.
“Se trata de un pésimo acuerdo entre el ayuntamiento y la empresa Funespaña ya que no sólo supone una gestión incoherente con respecto a la postura mantenida desde el consistorio hasta ahora por distintos gobiernos locales sino que el ayuntamiento va a tener que pagar por poner en manos privadas unos servicios que son públicos”.
El portavoz del grupo municipal socialista, David Valadez, ha recordado que hasta ahora era el propio ayuntamiento el que venía gestionando estas instalaciones desde que en marzo de 2003 el consistorio, gobernado por el PP, secuestrara este servicio por diferencias con la empresa.
El consistorio secuestró el servicio de cementerios a Funespaña en marzo de 2003 cuando el PP gobernaba en la localidad. Algunos de los motivos esgrimidos para rescatar la prestación de este servicio por parte del equipo de gobierno fueron el incumplimiento de la normativa sanitaria en las construcciones, la indisposición de un número de nichos mínimo y la incorrecta aplicación de las tarifas.
El Consejo Consultivo de la Junta se pronunció a favor del ayuntamiento en este asunto, al igual que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que en 2002 dio razonamientos jurídicos para rescatar los servicios funerarios que estaban en manos de Funespaña desde 1996. Según el Tribunal, la concesionaria del servicio tenía tan sólo interés económico, algo que perjudicaba no sólo al ayuntamiento sino a los vecinos de Estepona.
Para Valadez es más que evidente que el PP quiere desmantelar lo que tantísimo tiempo ha venido siendo público en un clarísimo empeño por poner en manos de intereses privados lo que es de todos los esteponeros. A nadie se le escapa que si una empresa viene a gestionar algo que es de todos es porque va a obtener beneficios. Unos beneficios que pagaremos todos con unas mayores tasas o a través de los presupuestos municipales.
Valadez concluyó que “no es de recibo que el mismo PP que en el 2003 rescató la concesión por el mal servicio que se venía ofreciendo le entregue ahora a la misma empresa este servicio para que obtengan beneficios que pagaremos todos”.
Por último preguntó acerca “de los intereses que algunos destacados miembros del PP tienen en este asunto y cuáles son las contrapartidas que vamos a pagar todos”.
Reforma Laboral
Por otro lado, Valadez ha asegurado que su grupo político presentará al próximo pleno, en el capítulo de asuntos urgentes, una moción para que el ayuntamiento “se comprometa a establecer cauces de diálogo y participación con los representantes de los trabajadores y, al mismo tiempo, se comprometa a no aplicar el Real Decreto de Reforma Laboral al personal municipal, así como al personal de las empresas vinculadas al consistorio”.
Además, el PSOE quiere que el ayuntamiento “muestre y defienda la necesidad de fortalecer los servicios públicos como garantes de derechos y cohesión social en unos momentos en que casi el 30% de la población parada ya no recibe ningún tipo de prestación ni subsidio por desempleo”.
El pleno de la corporación someterá a aprobación el próximo viernes una propuesta del alcalde, José María García Urbano, por la que pretende “aprobar el acuerdo alcanzado entre el ayuntamiento y Funespaña, y con ello aprobar la liquidación del citado contrato por un importe de dos millones seiscientos treinta y ocho mil seiscientos setenta y cuatro euros con cincuenta y un céntimos”.
Además pretende “declarar la culminación del trámite de negociaciones tendentes a la resolución del expediente de liquidación del contrato que fue adjudicado en su día a la entidad Funespaña y cuya resolución fue acordada por el pleno de la corporación el 11 de marzo de 2003”.
Para Valadez es “inexplicable que el ayuntamiento tenga que realizar un desembolso de este tipo a una empresa a la que el propio PP le quitó el servicio por incumplimiento del pliego de condiciones sin que, además, se garantice la renuncia de la empresa a los pleitos planteados con el ayuntamiento”.
Así, la propia propuesta del alcalde especifica que Funespaña continuará con los pleitos “relativos al secuestro de la concesión (recurso 309/2005 que se sigue ante el Juzgado de lo contencioso 3 de Málaga, y el recurso 365%2005 del Juzgado 4)”.
“Se trata de un pésimo acuerdo entre el ayuntamiento y la empresa Funespaña ya que no sólo supone una gestión incoherente con respecto a la postura mantenida desde el consistorio hasta ahora por distintos gobiernos locales sino que el ayuntamiento va a tener que pagar por poner en manos privadas unos servicios que son públicos”.
El portavoz del grupo municipal socialista, David Valadez, ha recordado que hasta ahora era el propio ayuntamiento el que venía gestionando estas instalaciones desde que en marzo de 2003 el consistorio, gobernado por el PP, secuestrara este servicio por diferencias con la empresa.
El consistorio secuestró el servicio de cementerios a Funespaña en marzo de 2003 cuando el PP gobernaba en la localidad. Algunos de los motivos esgrimidos para rescatar la prestación de este servicio por parte del equipo de gobierno fueron el incumplimiento de la normativa sanitaria en las construcciones, la indisposición de un número de nichos mínimo y la incorrecta aplicación de las tarifas.
El Consejo Consultivo de la Junta se pronunció a favor del ayuntamiento en este asunto, al igual que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que en 2002 dio razonamientos jurídicos para rescatar los servicios funerarios que estaban en manos de Funespaña desde 1996. Según el Tribunal, la concesionaria del servicio tenía tan sólo interés económico, algo que perjudicaba no sólo al ayuntamiento sino a los vecinos de Estepona.
Para Valadez es más que evidente que el PP quiere desmantelar lo que tantísimo tiempo ha venido siendo público en un clarísimo empeño por poner en manos de intereses privados lo que es de todos los esteponeros. A nadie se le escapa que si una empresa viene a gestionar algo que es de todos es porque va a obtener beneficios. Unos beneficios que pagaremos todos con unas mayores tasas o a través de los presupuestos municipales.
Valadez concluyó que “no es de recibo que el mismo PP que en el 2003 rescató la concesión por el mal servicio que se venía ofreciendo le entregue ahora a la misma empresa este servicio para que obtengan beneficios que pagaremos todos”.
Por último preguntó acerca “de los intereses que algunos destacados miembros del PP tienen en este asunto y cuáles son las contrapartidas que vamos a pagar todos”.
Reforma Laboral
Por otro lado, Valadez ha asegurado que su grupo político presentará al próximo pleno, en el capítulo de asuntos urgentes, una moción para que el ayuntamiento “se comprometa a establecer cauces de diálogo y participación con los representantes de los trabajadores y, al mismo tiempo, se comprometa a no aplicar el Real Decreto de Reforma Laboral al personal municipal, así como al personal de las empresas vinculadas al consistorio”.
Además, el PSOE quiere que el ayuntamiento “muestre y defienda la necesidad de fortalecer los servicios públicos como garantes de derechos y cohesión social en unos momentos en que casi el 30% de la población parada ya no recibe ningún tipo de prestación ni subsidio por desempleo”.
posted by j.I @ 12:47 AM
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