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Sunday, June 14, 2009

'Astapa', un año a paso de tortuga


'Astapa', un año a paso de tortuga

La Fiscalía pedirá el levantamiento parcial del sumario de la presunta trama de corrupción que cambió el rumbo de Estepona tras doce meses de lenta instrucción

El 17 de junio de 2008 Estepona salió del anonimato y acaparó la actualidad nacional. Sus vecinos amanecieron esa mañana con las dependencias municipales sitiadas. El propio Ayuntamiento y las delegaciones de Urbanismo, Hacienda y Cultura permanecían cerradas a cal y canto mientras doscientos agentes investigaban una presunta trama de corrupción urbanística que terminaría por salpicar al tejido político, económico y social de Estepona. La policía le dio nombre al caos en el que se sumió la ciudad, y del que un año después aún no ha despertado: 'Astapa'. Echando mano de la historia le pusieron erróneamente el que creyeron era su topónimo fenicio, que en realidad es Astabbuna.
El próximo miércoles la operación cumple su primer aniversario y el balance es demoledor: 63 imputados, todos ellos en libertad, por supuestos delitos de malversación, cohecho, prevaricación, blanqueo y tráfico de influencias, entre los que figura el entonces alcalde, Antonio Barrientos (PSOE).
Un año después de que se destapara el caso la investigación continúa bajo llave. La Fiscalía Anticorrupción prevé solicitar a lo largo de este mes el levantamiento parcial del sumario, que aún hoy permanece en secreto. Los investigadores apuntan a que sólo desvelará la parte más gruesa de la instrucción, posiblemente la que corresponde a las conversaciones telefónicas de los principales imputados.
Los vaivenes en el órgano judicial, sin titular desde hace seis meses, han paralizado la instrucción del caso que aún sigue en pañales. Los investigadores reconocen que se ha avanzado poco. De los 150 tomos que ocupa la documentación intervenida en un primer momento sólo se han analizado 20. En total, medio centenar de convenios bajo sospecha, acuerdos de planeamiento en base al futuro PGOU o de gestión, apoyados en el Plan aún vigente.
En todo este tiempo, el juzgado y 'Astapa' han funcionado a medio gas dado el volumen de trabajo del primero y la complejidad del segundo. Los investigadores confían en que la incorporación del titular del juzgado reactive el caso, aunque de momento, lo único seguro es que la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Las primeras 25 llegaron ese 17 de junio de 2008. Entonces todo hacía presagiar una segunda 'Malaya', aunque el caso pronto perdió intensidad. Ese día la entonces jueza instructora, Isabel Conejo, dictó 36 órdenes de prohibición de enajenación de bienes, el bloqueo de 91 cuentas bancarias y el registro de 38 inmuebles, entre ellos empresas y viviendas particulares. Horas más tarde llegarían las detenciones. Empresarios, técnicos municipales y políticos, entre ellos Barrientos y otros siete concejales del PSOE y del Partido Estepona (PES, de origen gilista) empezaron a desfilar primero por el juzgado de Instancia e Instrucción 1 y luego por la prisión de Alhaurín de la Torre acusados de despatrimonializar poco a poco a Estepona. El equipo de gobierno se había desmembrado.
El agujero negro
Las primeras investigaciones apuntaban ya a supuestas tasaciones a la baja, donativos irregulares de promotores, y blanqueo de dinero negro. Cuando David Valadez, el edil más crítico con la gestión de Barrientos, consiguió el bastón de mando el 16 de julio a la edad de 31 años se encontró con un gobierno en minoría, un frágil pacto de coalición entre PSOE, IU, PA y Estepona 2007 y un agujero en las arcas municipales de 164 millones de euros difícil de tapar. El escenario político tras el varapalo judicial dejó una corporación con un tercio de sus actuales integrantes, ocho en total, imputados en la causa.
Tras las primeras detenciones, llegaron meses de sequía hasta que en septiembre se inició un lento goteo de declaraciones de hasta 40 testigos que se prolongó durante semanas. Luego, empezarían a recobrar la libertad muchos de los imputados que ingresaron el primer día en prisión: Barrientos, el que fuera su jefe de gabinete, José Flores, y los concejales del PES José Ignacio Crespo y Manuel Reina, entre otros.
Las defensas de los 63 imputados han inundado durante meses de recursos a las dos juezas que han llevado la investigación, Isabel Conejo, que pidió su traslado el pasado mes de diciembre al juzgado número 5 de nueva creación, y Virtudes Molina, su sustituta. En todos ellos alegaban indefensión por desconocer qué hechos delictivos concretos les atribuían y la escasa o nula argumentación de los autos judiciales que parecían criptogramas con 'xxx' en determinados espacios para no desvelar el secreto mejor guardado: el sumario.
Un juez sin experiencia
Ahora se espera como agua de mayo el nombramiento del nuevo juez o jueza que, presumiblemente, retomará la instrucción del procedimiento después de que el Consejo General del Poder Judicial rechazara en marzo a la única candidata a que se ofreció en toda España a cubrir el puesto, la juez de Martorell (Barcelona) Marina del Carmen Palomo, inmersa en otra causa judicial importante sobre tráfico de drogas.
Después de meses de incertidumbre y de parón en la instrucción, el Poder Judicial ha tomado una decisión salomónica: que sea un juez sin experiencia y recién incorporado a la carrera judicial el que tome las riendas de un caso complejísimo. Tampoco el nombramiento será rápido. La promoción de este año termina las clases el 9 de julio. A partir de ahí se abrirá un plazo para elegir destino e incorporarse, así que probablemente no tome posesión de la plaza de titular hasta septiembre.
A Estepona le queda aún por despertar del letargo en el que la sumió la 'operación Astapa'. Mientras, el actual equipo de gobierno intentar reflotar las numerosas deudas que acechan al erario público. La investigación ha dejado al descubierto la frenética actividad urbanística de los últimos años y la debilidad de las arcas municipales con una situación financiera, que unida a los efectos de la crisis global, amenaza con estrangular a uno de los puntales económicos de la Costa del Sol.