Blanqueaban dinero en Marruecos
ABC. Domingo 6 de julio de 2008
Blanqueaban dinero en Marruecos
Varios imputados de la trama de Estepona podrían haber blanqueado dinero con inversiones en Marruecos, según señalaron a ABC fuentes de la investigación. La Policía está investigando la compra de hoteles, pub, locales de alterne, restaurantes y otros negocios en el pais alauita.
Fuentes consultadas por este periódico han señalado que algunos de estos imputados tienen propiedades en Asilah y otras localidades marroquíes a través de sociedades interpuestas.
Ediles, abogados y técnicos
Los agentes no descartan que el dinero utilizado para adquirir estas propiedades proceda de las comisiones ilegales que cobraron en el Ayuntamiento. Entre las personas investigadas figuran concejales, abogados y técnicos del Consistorio esteponero.
Además, la Policía intenta aclarar el testimonio de algunos implicados, que podrían implicar a mas personas en el escándalo. En concreto, se investiga a algunos empresarios y políticos que aparecen en la trama de corrupción de Marbella. En las escuchas telefónicas grabadas por la Policía, algunos investigados hablan de comisiones y también se jactan de sus contactos con politicos de la Junta y de otras instituciones locales, provinciales y regionales.
Por otra parte, la juez que investiga el caso mantendrá en prisión a los principales implicados en la operación Astapa, ya que el fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, informará a favor de que se prorrogue la medida, según informaron a ABC fuentes jurídicas.
Actualmente se encuentran en prisión, el ex alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, el jefe del Gabinete de Alcaldía, José Flores, el portavoz del PES, José Ignacio Crespo, entre otros. Los imputados han recurrido el auto de encarcelamiento alegando distintos motivos. Pero, ninguno de los argumentos esgrimidos por los defensores de los principales implicados parecen haber convencido a la juez, que cuenta con pruebas mas que suficientes de su implicación en la trama.
Tanto el fiscal como la juez consideran que existe riesgo de que se destruyan pruebas y también de que puedan fugarse los imputados. Esta primera fase de la operación «Astapa», dirigida por la juez Isabel Conejo, y el fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, ha aportado numerosos datos para emprender nuevas lineas de investigación. Los agentes investigan a empresarios que podrian haber realizado pagos a los principales implicados en la trama de Estepona para conseguir las pertinentes licencias para poder construir.
La Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Comisaria General de Policia Judicial, tras tomar declaración a otras quince personas, no descarta nuevas detenciones.
Por otra parte, fuentes empresariales expresaron su preocupación por este nuevo escándalo urbanístico en la Costa del Sol, una zona que se recuperaba de la corrupción de Marbella. También lamentaron la criminalización que se está haciendo del sector de la construcción, que atraviesa por una grave crisis económica. Desde la Junta de Andalucía se rechazó que haya una paralización en la tramitación de proyectos urbanisticos a raíz de los problemas denunciados en el caso Malaya y Astapa.
Blanqueaban dinero en Marruecos
Varios imputados de la trama de Estepona podrían haber blanqueado dinero con inversiones en Marruecos, según señalaron a ABC fuentes de la investigación. La Policía está investigando la compra de hoteles, pub, locales de alterne, restaurantes y otros negocios en el pais alauita.
Fuentes consultadas por este periódico han señalado que algunos de estos imputados tienen propiedades en Asilah y otras localidades marroquíes a través de sociedades interpuestas.
Ediles, abogados y técnicos
Los agentes no descartan que el dinero utilizado para adquirir estas propiedades proceda de las comisiones ilegales que cobraron en el Ayuntamiento. Entre las personas investigadas figuran concejales, abogados y técnicos del Consistorio esteponero.
Además, la Policía intenta aclarar el testimonio de algunos implicados, que podrían implicar a mas personas en el escándalo. En concreto, se investiga a algunos empresarios y políticos que aparecen en la trama de corrupción de Marbella. En las escuchas telefónicas grabadas por la Policía, algunos investigados hablan de comisiones y también se jactan de sus contactos con politicos de la Junta y de otras instituciones locales, provinciales y regionales.
Por otra parte, la juez que investiga el caso mantendrá en prisión a los principales implicados en la operación Astapa, ya que el fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, informará a favor de que se prorrogue la medida, según informaron a ABC fuentes jurídicas.
Actualmente se encuentran en prisión, el ex alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, el jefe del Gabinete de Alcaldía, José Flores, el portavoz del PES, José Ignacio Crespo, entre otros. Los imputados han recurrido el auto de encarcelamiento alegando distintos motivos. Pero, ninguno de los argumentos esgrimidos por los defensores de los principales implicados parecen haber convencido a la juez, que cuenta con pruebas mas que suficientes de su implicación en la trama.
Tanto el fiscal como la juez consideran que existe riesgo de que se destruyan pruebas y también de que puedan fugarse los imputados. Esta primera fase de la operación «Astapa», dirigida por la juez Isabel Conejo, y el fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, ha aportado numerosos datos para emprender nuevas lineas de investigación. Los agentes investigan a empresarios que podrian haber realizado pagos a los principales implicados en la trama de Estepona para conseguir las pertinentes licencias para poder construir.
La Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Comisaria General de Policia Judicial, tras tomar declaración a otras quince personas, no descarta nuevas detenciones.
Por otra parte, fuentes empresariales expresaron su preocupación por este nuevo escándalo urbanístico en la Costa del Sol, una zona que se recuperaba de la corrupción de Marbella. También lamentaron la criminalización que se está haciendo del sector de la construcción, que atraviesa por una grave crisis económica. Desde la Junta de Andalucía se rechazó que haya una paralización en la tramitación de proyectos urbanisticos a raíz de los problemas denunciados en el caso Malaya y Astapa.
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