La intervención policial en Estepona evitó un contrato millonario de dos imputados
ABC. Domingo 6 de julio de 2008
La intervención policial en Estepona evitó un contrato millonario de dos imputados
Dos de los imputados de la trama de corrupción de Estepona, Manuel Barroso y Juan Simón, primo hermano del jefe de Gabinete de Alcaldía, José Flores, actualmente encarcelado en Alhaurin de la Torre por el caso «Astapa», intentaron, sin éxito, realizar un contrato millonario con el Ayuntamiento esteponero.
Ambos implicados tenían pensado gestionar, acondicionar, explotar y vigilar el depósito municipal de vehículos con el visto bueno de los concejales socialistas Francisco Zamorano, también implicado en la trama, y Antonio Sánchez, pero la acción, primero, de algunos de sus compañeros y, después, de la Policía evitó que se consumara la operación.
Un empresa ex profeso
Según los investigadores, la empresa Ausol Estepona 2000, representada por Manuel Barroso, se presentó al concurso del depósito municipal en mayo de 2008 junto a las empresas Reciclados y Desguaces Industriales y de Automoción y Setex-Aparki. Ausol se constituyó poco antes de que los concejales socialistas Francisco Zamorano y Antonio Sánchez elevaran la propuesta a la Junta de Gobierno. Ausol realizó una proposición mensual de 10.815 euros, lo que significó la oferta más ventajosa, según el Ayuntamiento.
Hubo oposición socialista
El contrato no fue finalmente adjudicado a Ausol, entre otras razones porque algunos concejales socialistas ajenos a la corrupción expresaron su oposición, lo que acarreó que el grupo municipal del PSOE se fracturase. Luego, la intervención policial evitó el contrato millonario.
Los Verdes ya habían anunciado su intención de recurrir este concurso «plagado de sospechas, de defectos formales y de fondo y de otras irregularidades aún mas graves».
Ausol se constituyó con un exiguo capital de 3.010 euros ante el notario de Estepona José Maria García Urbano el pasado 25 de abril de 2008, un día después de la publicación de la licitación del concurso de acondicionamiento, gestión, explotación y vigilancia del depósito municipal de vehículos. El objeto social declarado de la compañía, coincidía, literalmente, con el objeto del concurso de la licitación.
Ausol Estepona 2000 SL., no consiguió su inscripción registral hasta el 16 de mayo de 2008 cuando ya estaba cerrado el plazo de presentación de ofertas para el citado concurso, por lo que ni siquiera pudo acreditar su capacidad de obrar ante la administración pública.
Todo esto, unido a una evidente inexperiencia en el mercado, al ser una empresa recién creada y la incapacidad económica para afrontar un concurso de mas de 1.200.000 euros de dinero público hizo albergar serias dudas sobre la idoneidad de su adjudicación.
Se da la «casual coincidencia» de que el administrador único de la empresa Manuel Barroso, es un abogado ajeno al negocio objeto de licitación, aunque su socio, con el que comparte despacho y responsabilidades en empresas inmobiliarias es Juan Simón García, miembro de la Ejecutiva Local del PSOE.
Juan Simón, cuyo despacho ha sido registrado esta semana por la Policía, es familiar directo del jefe de Gabinete de Alcaldía y mano derecha del alcalde Antonio Barrientos, José Flores Simón, una de las personas claves en el caso Astapa, según los investigadores.
Según los Verdes, la adjudicación a una empresa sin experiencia, sin solvencia y que ni siquiera estaba inscrita en el Registro Mercantil se produce, además, frente a empresas fuertemente implantadas en el sector.
La intervención policial en Estepona evitó un contrato millonario de dos imputados
Dos de los imputados de la trama de corrupción de Estepona, Manuel Barroso y Juan Simón, primo hermano del jefe de Gabinete de Alcaldía, José Flores, actualmente encarcelado en Alhaurin de la Torre por el caso «Astapa», intentaron, sin éxito, realizar un contrato millonario con el Ayuntamiento esteponero.
Ambos implicados tenían pensado gestionar, acondicionar, explotar y vigilar el depósito municipal de vehículos con el visto bueno de los concejales socialistas Francisco Zamorano, también implicado en la trama, y Antonio Sánchez, pero la acción, primero, de algunos de sus compañeros y, después, de la Policía evitó que se consumara la operación.
Un empresa ex profeso
Según los investigadores, la empresa Ausol Estepona 2000, representada por Manuel Barroso, se presentó al concurso del depósito municipal en mayo de 2008 junto a las empresas Reciclados y Desguaces Industriales y de Automoción y Setex-Aparki. Ausol se constituyó poco antes de que los concejales socialistas Francisco Zamorano y Antonio Sánchez elevaran la propuesta a la Junta de Gobierno. Ausol realizó una proposición mensual de 10.815 euros, lo que significó la oferta más ventajosa, según el Ayuntamiento.
Hubo oposición socialista
El contrato no fue finalmente adjudicado a Ausol, entre otras razones porque algunos concejales socialistas ajenos a la corrupción expresaron su oposición, lo que acarreó que el grupo municipal del PSOE se fracturase. Luego, la intervención policial evitó el contrato millonario.
Los Verdes ya habían anunciado su intención de recurrir este concurso «plagado de sospechas, de defectos formales y de fondo y de otras irregularidades aún mas graves».
Ausol se constituyó con un exiguo capital de 3.010 euros ante el notario de Estepona José Maria García Urbano el pasado 25 de abril de 2008, un día después de la publicación de la licitación del concurso de acondicionamiento, gestión, explotación y vigilancia del depósito municipal de vehículos. El objeto social declarado de la compañía, coincidía, literalmente, con el objeto del concurso de la licitación.
Ausol Estepona 2000 SL., no consiguió su inscripción registral hasta el 16 de mayo de 2008 cuando ya estaba cerrado el plazo de presentación de ofertas para el citado concurso, por lo que ni siquiera pudo acreditar su capacidad de obrar ante la administración pública.
Todo esto, unido a una evidente inexperiencia en el mercado, al ser una empresa recién creada y la incapacidad económica para afrontar un concurso de mas de 1.200.000 euros de dinero público hizo albergar serias dudas sobre la idoneidad de su adjudicación.
Se da la «casual coincidencia» de que el administrador único de la empresa Manuel Barroso, es un abogado ajeno al negocio objeto de licitación, aunque su socio, con el que comparte despacho y responsabilidades en empresas inmobiliarias es Juan Simón García, miembro de la Ejecutiva Local del PSOE.
Juan Simón, cuyo despacho ha sido registrado esta semana por la Policía, es familiar directo del jefe de Gabinete de Alcaldía y mano derecha del alcalde Antonio Barrientos, José Flores Simón, una de las personas claves en el caso Astapa, según los investigadores.
Según los Verdes, la adjudicación a una empresa sin experiencia, sin solvencia y que ni siquiera estaba inscrita en el Registro Mercantil se produce, además, frente a empresas fuertemente implantadas en el sector.
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