Promotores eran ´invitados´ a donar parte de sus beneficios
La Opinión de Málaga. Domingo 22 de junio de 2008
Promotores eran ´invitados´ a donar parte de sus beneficios
El empresario que quería promover en Estepona, además de los impuestos habituales, era requerido por algunos de los imputados para que cediera un porcentaje de sus ganancias que después usaba el Ayuntamiento para sufragar actividades que no preveía la ley
JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA El Consistorio de Estepona "invitaba" a los promotores que querían edificar en la localidad a donar parte de los beneficios que obtenían con un determinado convenio urbanístico, de forma que después el dinero se utilizaba por parte del equipo de Gobierno para sufragar eventos o actividades de diversas concejalías, según explicaron ayer a este periódico fuentes cercanas a la investigación.
Esta práctica estaba muy extendida en el Ayuntamiento y, de hecho, importantes empresarios con intereses inmobiliarios en Estepona denominaban a esta ´tasa´ de forma irónica "el impuesto revolucionario". Las fuentes advierten de que "muchos promotores no pagaron esas donaciones y no pasó absolutamente nada", aunque indican que algunas corporaciones empresariales habrían accedido a abonarlas precisamente por miedo a quedarse sin negocio.
Mecanismo. Cuando un Ayuntamiento llega a un convenio con un promotor para, por ejemplo, cambiar la calificación de una parcela no urbanizable a urbanizable, la promotora ha de pagar la urbanización de la zona, sus viales y zonas verdes y ceder el 10% del aprovechamiento medio al Ayuntamiento, además de pagar después los diferentes impuestos. "En el Consistorio de Estepona, los políticos se sacaron de la manga la figura de la plusvalía, de forma que algunos técnicos calculaban el beneficio que iba a obtener un promotor por un cambio de edificabilidad, y un porcentaje del mismo que podía ser de hasta el 30% se abonaba al Consistorio en pagos fraccionados", apuntan las fuentes.
Esos pagos se vinculaban a las distintas fases de tramitación de un convenio concreto o del plan del municipio, de forma que el dinero acababa "volviendo al pueblo" para pagar diversas actuaciones municipales como fiestas, foros u otros gastos ordinarios. "Con la nueva Ley del Suelo de la Junta, se informó al alcalde por parte del interventor y del secretario de que ese dinero no se podía utilizar para otra cosa que no fuera la urbanización de una parcela en concreto -equipamientos sociales, viales, zonas verdes-, de forma que se comenzó a invitar sutilmente a los promotores a que donaran el dinero al pueblo. Hay muchos que se negaron y, en principio, no ocurrió nada con esa negativa", explicaron las fuentes cuestionadas.En definitiva, si el constructor accedía a pagar esa plusvalía, el dinero debía utilizarse para urbanizar con equipamientos la parcela que el promotor había desarrollado. Lo que hicieron interventor y tesorero es advertir al alcalde de Estepona de que no podía disponer de esas plusvalías para usarlo en otros fines distintos a éstos y, por tanto, se dispuso que los promotores pudieran realizar donaciones cuyos fines fueran otros distintos a la urbanización de parcelas, y así escapar del encorsetado texto legal. "Así, podían pagarse conciertos y otro tipo de eventos de diversas concejalías", señalan.
En opinión de las fuentes cuestionadas, esta tesis sustenta algunas de las imputaciones de malversación de caudales públicos, incluso en el caso de los promotores, ya que las donaciones se habrían usado supuestamente para sufragar actividades municipales y no la urbanización de las parcelas que fueron recalificadas.
Otras fuentes cercanas al caso, distintas de las anteriormente citadas, reconocen que entre cinco y ocho convenios de los 30 investigados recogen donaciones de empresarios, mientras que algunas defensas sostienen que "las mismas se hacían de forma voluntaria", como parece ser el caso, ya que luego no consta que se tomaran represalias administrativas contra esos promotores.
Uno de los letrados defensores reconoció:"Esas donaciones voluntarias servían para financiar fiestas o actividades de las Concejalías de Cultura o Educación, pero eso no es soborno". Puede que soborno no, pero la figura sí encajaría en malversación de caudales públicos, de ahí que entre los imputados por un delito típico entre el funcionariado haya también empresarios y constructores. Ésta será la tesis contra la que van a pelear a partir de ahora diversas defensas, oponiendo esta antítesis:"Eran donaciones voluntarias que se usaban para fines sociales".De ahí que, por ejemplo, los dos abogados ligados a Valle Romano indicaron que ellos se limitaban a buscar con el Ayuntamiento qué fines sociales eran los más adecuados para las donaciones en relación a determinados convenios urbanísticos.Patrimonio.
En cualquier caso, los dos técnicos de Hacienda, expertos en blanqueo de capitales, habrían investigado dentro de la operación ´Astapa´, los ingresos obtenidos en los diez últimos años por parte de determinados imputados -no en todos-, para así poder comprobar el desfase patrimonial que habría sido detectado en algún caso concreto.
Promotores eran ´invitados´ a donar parte de sus beneficios
El empresario que quería promover en Estepona, además de los impuestos habituales, era requerido por algunos de los imputados para que cediera un porcentaje de sus ganancias que después usaba el Ayuntamiento para sufragar actividades que no preveía la ley
JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA El Consistorio de Estepona "invitaba" a los promotores que querían edificar en la localidad a donar parte de los beneficios que obtenían con un determinado convenio urbanístico, de forma que después el dinero se utilizaba por parte del equipo de Gobierno para sufragar eventos o actividades de diversas concejalías, según explicaron ayer a este periódico fuentes cercanas a la investigación.
Esta práctica estaba muy extendida en el Ayuntamiento y, de hecho, importantes empresarios con intereses inmobiliarios en Estepona denominaban a esta ´tasa´ de forma irónica "el impuesto revolucionario". Las fuentes advierten de que "muchos promotores no pagaron esas donaciones y no pasó absolutamente nada", aunque indican que algunas corporaciones empresariales habrían accedido a abonarlas precisamente por miedo a quedarse sin negocio.
Mecanismo. Cuando un Ayuntamiento llega a un convenio con un promotor para, por ejemplo, cambiar la calificación de una parcela no urbanizable a urbanizable, la promotora ha de pagar la urbanización de la zona, sus viales y zonas verdes y ceder el 10% del aprovechamiento medio al Ayuntamiento, además de pagar después los diferentes impuestos. "En el Consistorio de Estepona, los políticos se sacaron de la manga la figura de la plusvalía, de forma que algunos técnicos calculaban el beneficio que iba a obtener un promotor por un cambio de edificabilidad, y un porcentaje del mismo que podía ser de hasta el 30% se abonaba al Consistorio en pagos fraccionados", apuntan las fuentes.
Esos pagos se vinculaban a las distintas fases de tramitación de un convenio concreto o del plan del municipio, de forma que el dinero acababa "volviendo al pueblo" para pagar diversas actuaciones municipales como fiestas, foros u otros gastos ordinarios. "Con la nueva Ley del Suelo de la Junta, se informó al alcalde por parte del interventor y del secretario de que ese dinero no se podía utilizar para otra cosa que no fuera la urbanización de una parcela en concreto -equipamientos sociales, viales, zonas verdes-, de forma que se comenzó a invitar sutilmente a los promotores a que donaran el dinero al pueblo. Hay muchos que se negaron y, en principio, no ocurrió nada con esa negativa", explicaron las fuentes cuestionadas.En definitiva, si el constructor accedía a pagar esa plusvalía, el dinero debía utilizarse para urbanizar con equipamientos la parcela que el promotor había desarrollado. Lo que hicieron interventor y tesorero es advertir al alcalde de Estepona de que no podía disponer de esas plusvalías para usarlo en otros fines distintos a éstos y, por tanto, se dispuso que los promotores pudieran realizar donaciones cuyos fines fueran otros distintos a la urbanización de parcelas, y así escapar del encorsetado texto legal. "Así, podían pagarse conciertos y otro tipo de eventos de diversas concejalías", señalan.
En opinión de las fuentes cuestionadas, esta tesis sustenta algunas de las imputaciones de malversación de caudales públicos, incluso en el caso de los promotores, ya que las donaciones se habrían usado supuestamente para sufragar actividades municipales y no la urbanización de las parcelas que fueron recalificadas.
Otras fuentes cercanas al caso, distintas de las anteriormente citadas, reconocen que entre cinco y ocho convenios de los 30 investigados recogen donaciones de empresarios, mientras que algunas defensas sostienen que "las mismas se hacían de forma voluntaria", como parece ser el caso, ya que luego no consta que se tomaran represalias administrativas contra esos promotores.
Uno de los letrados defensores reconoció:"Esas donaciones voluntarias servían para financiar fiestas o actividades de las Concejalías de Cultura o Educación, pero eso no es soborno". Puede que soborno no, pero la figura sí encajaría en malversación de caudales públicos, de ahí que entre los imputados por un delito típico entre el funcionariado haya también empresarios y constructores. Ésta será la tesis contra la que van a pelear a partir de ahora diversas defensas, oponiendo esta antítesis:"Eran donaciones voluntarias que se usaban para fines sociales".De ahí que, por ejemplo, los dos abogados ligados a Valle Romano indicaron que ellos se limitaban a buscar con el Ayuntamiento qué fines sociales eran los más adecuados para las donaciones en relación a determinados convenios urbanísticos.Patrimonio.
En cualquier caso, los dos técnicos de Hacienda, expertos en blanqueo de capitales, habrían investigado dentro de la operación ´Astapa´, los ingresos obtenidos en los diez últimos años por parte de determinados imputados -no en todos-, para así poder comprobar el desfase patrimonial que habría sido detectado en algún caso concreto.
posted by j.I @ 12:43 AM
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