La alcaldía de Estepona, en la cuerda floja tras el varapalo de la Comisión Antitransfuguismo

La alcaldía de Estepona, en la cuerda floja tras el varapalo de la Comisión Antitransfuguismo

El Confidencial. Comienza la carrera de fondo por el sillón del Consistorio de Estepona. La corporación municipal que rige David Valadez está en la cuerda floja y tiene de nuevo como protagonista a Silvia Cabrera, la tránsfuga que abandonó el PP para formar gobierno con el PSOE como concejal no adscrita.

La edil, que tiene a su cargo el departamento de Cultura, anuncia que no dimitirá como concejal del equipo de gobierno. Ha tomado esta decisión tras la resolución de la Comisión de Expertos independientes del Pacto Antitransfuguismo, que le ha declarado tránsfuga. Dicho organismo ha sido tajante en su dictamen e insta a Valadez a que dicte “inexcusablemente y de forma inmediata” la expulsión de la concejal porque, en caso contrario, él mismo incurriría en una conducta tránsfuga.

En declaraciones a El Confidencial, Valadez dice que, “oficialmente, al Ayuntamiento no nos ha llegado ninguna documentación de esta comisión. Si llega, estudiaremos su recurso oficial, porque Silvia Cabrera nunca militó en el PP esteponero. Siempre estuvo como independiente, porque la dirección no llegó a cursarle nunca su militancia”.

Al regidor esteponero le consta que la concejal “viajó en más de una ocasión a Génova para que le solucionaran el problema de incluirla como militante del PP, pero nunca se lo solucionaron ¿Qué pueden recriminarle ahora? ¿Esto lo hace el PP ahora como reclamo electoral? Esta y otras preguntas tendrán que contestarlas a la comisión cuando recurramos la resolución”.

Galeote, uno de los culpables
La concejal mantiene que abandonó el partido por el que había sido elegida (PP) sin renunciar a su acta y pasó a integrarse en el equipo de gobierno del socialista David Valadez porque “siempre he querido seguir trabajando por el pueblo de Estepona y eso se puede hacer desde cualquier fila política, como he venido demostrando desde que estoy en la concejalía. No pude seguir mi labor desde el PP por desavenencias con la dirección”.

En concreto, Ricardo Galeote, imputado en el caso Gürtel, ha sido uno de los principales escollos que la concejal denuncia haber tenido ya que éste, junto a Ignacio Mena, presidente de los populares esteponeros, no dieron curso a su afiliación como militante del PP. Según Cabrera, éste fue uno de los motivos por los que abandonó el partido, después de más de dos años luchando para que se subsanase el error. “Ellos son los que deben responder por qué ignoraban esto”, espetó la edil. Por su parte, Mena insistió en que ellos también lo desconocían y señaló que “fue un engaño más de Cabrera”.


“Márchese, señora Cabrera”
Pero el presidente del PP, Ignacio Mena, no se amilana y ha increpado al alcalde de Estepona, David Valadez, para que explique la postura que mantendrá el equipo de gobierno tras conocerse este dictamen y solicita al regidor municipal que dicte, de forma inmediata, su expulsión del gobierno municipal.


El mandatario popular ha precisado que si el alcalde no acata este dictamen, estaría incurriendo también en transfuguismo. “Valadez no puede quedarse quieto otra vez y dejar que esto pase”. Para Mena, la postura más honesta sería que Valadez retirase a Silvia Cabrera de todas sus responsabilidades de gobierno. “Si no actúa así, entonces tendremos que pedir responsabilidades al PSOE”.


Silvia Cabrera muestra su perplejidad y es contundente en su decisión: “No me planteo por el momento mi dimisión como concejal del equipo de gobierno”. La ex edil del PP señala que, una vez reciba la documentación, analizará “cautelosamente” las medidas a tomar.


En este mismo sentido, Valadez recalca que tampoco tiene en su haber “ningún dictamen de la Comisión de Expertos Independientes y no me pronunciaré hasta que la tenga”. Según el dictamen de la comisión, la conducta de Cabrera es “constitutiva de transfuguismo” por “haberse apartado unilateralmente de su grupo municipal, traicionando con ello la confianza de sus compañeros de lista, de la formación política de procedencia (PP) y de sus electores”.

Además, pese a que la actuación del alcalde no lleva a declararle 'a priori' tránsfuga, los expertos dicen que la situación es, al menos, “acreedora de reproche” ya que está “pervirtiendo los principios más elementales del Pacto Antitransfuguismo”. “El alcalde debe retirar sin paliativos, todas las atribuciones de gobierno a esta concejala, lo que comporta su expulsión del equipo de gobierno, so pena en caso contrario en incurrir él mismo de forma voluntarista en un supuesto de transfuguismo”, recoge el informe.

El PP denunció ante la última sesión de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo, en diciembre de 2009, la conducta de la concejal que había sido elegida bajo sus siglas, pero los partidos presentes en esa reunión no lograron ponerse de acuerdo sobre si la misma incurría en transfuguismo o no, por lo que el caso se remitió a la Comisión de Expertos. Y esta ha determinado que si es tránsfuga.