El fiscal considera que el liquidador municipal pudo amañar una subasta
El Mundo. Domingo 4 de marzo
El fiscal considera que el liquidador municipal pudo amañar una subasta
MARGA GARCÍA.
ESTEPONA.- El Ministerio Fiscal considera que el liquidador municipal del Ayuntamiento de Estepona, Juan Manuel de Hoyos, pudo amañar una subasta de bienes públicos de una de las empresas en liquidación, según los documentos que obran en poder de EL MUNDO de Málaga.
En concreto, la Fiscalía dio traslado el pasado 5 de junio de 2006 al Juzgado número 1 de Estepona de su rechazo al requerimiento de la defensa del liquidador a archivar la investigación, por entender que “los términos de la denuncia hacen presumir de la posible existencia de un delito de alteración en el precio en concursos y subastas públicas, por lo que es necesario determinar la naturaleza de los hechos”. Asimismo, el fiscal entiende que haya que tramitar la investigación para “determinar la naturaleza y circunstancia del hecho, así como las personas que hayan participado” en el proceso.
De Hoyos fue nombrado por el actual equipo de gobierno de Estepona, formado por PSOE y PES, como liquidador de las empresas municipales Estepona XX, y tras casi cuatro años en su puesto continúa sin hacer la liquidación de cuentas, según fuentes solventes.
La titular del Juzgado número 2 de Estepona inició esta investigación ante dos denuncias interpuestas por irregularidades en una subasta pública de dos propiedades de la sociedad municipal Compras Estepona XXI, S.L., por considerar los actores de la querella que el liquidador municipal, Juan Manuel de Hoyos Vallejo, y la empresa PROENCO 2005 S.L. “se concertaron entre sí con el fin de alterar el precio del remate”.
La jueza dictó como medida cautelar la “suspensión de la elevación a documento público” de las dos parcelas subastadas.
El liquidador municipal, Juan Manuel de Hoyos Vallejo, recurrió la suspensión judicial bajo dos argumentos: “El perjuicio económico que el está causando a las sociedades en liquidación (estimada en unos 10.000 euros mensuales)” y en “el convencimiento de que en todo momento ha actuado correctamente y conforme a derecho”. Ambos argumentos han sido desestimados por el fiscal.
Las irregularidades fueron denunciadas por dos de las tres empresas que concurrieron a la subasta convocada por al empresa pública Estepona XXI. S.L., según la documentación que obra en poder de EL MUNDO de Málaga.
La empresa pública subastó dos fincas de su propiedad: una casa situada en la villa de Casares, de 40 metros cuadrados de superficie y dos plantas, y una parcela en el término municipal de Estepona de 4.393 metros cuadrados.
Más gibraltareñas
Las empresas denunciantes, Parqueolid Promociones S.A. y Habital de Estepona S.A., denunciaron que la subasta estaba previamente amañada para favorecer a la empresa PROENCO S.L. Una compañía que, como ya es habitual en el municipio de Estepona cuando existen sospechas de irregularidad, es sólo la administradora de una empresa gibraltareña: Colosseum Services UK Limites.
Las empresas denunciantes consideran que el liquidador municipal, Juan Manuel de Hoyos Vallejo, cercenó el acceso a la subasta mediante burdas estrategias. En concreto, Parqueolid S.A. aportó documentos notariales en los que intenta demostrar ante la jueza que le proceso es nulo de pleno derecho porque no se le permitió optar a la subasta, ya que el citado liquidador puso múltiples trabas a la hora de cumplir con algunos de los requisitos formales para concurrir.
Parqueolid S.A. se cayó de la subasta, siempre según la querella, porque se le pusieron numerosos impedimentos para acceder a uno de los requisitos de las bases de la subasta: la presentación de una certificación de no tener deudas con ninguna de las empresas municipales de Estepona.
Distintas vicisitudes impidieron tramitar este requisito de no tener contraídas deudas con las sociedades municipales, lo que dejó a ambas empresas fuera de la subasta, pese a presentar losa vales, y cumplir el resto de los compromisos de las bases del concurso, como estar al día en el pago de la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, actuaciones administrativas que no dependían del citado liquidador.
A puerta cerrada
Uno de los puntos más fuertes de la denuncia de la empresa Parqueolid Promociones S. L. es el que afirma que una vez ganó la subasta “la empresa Proenco 2005 S. L., sociedad cuyo administrador único es la sociedad Coloseeum Services UK LTD, que como segundo postor de la subasta fue adjudicatario, el representante legal de esta empresa solicitó una entrevista a puerta cerrada en la que se ofreció venderle la finca que se le acababa de adjudicar a un precio notablemente superior al que la empresa Parqueolid Promociones S. L. había ofertado en la subasta y por el que se había adjudicado la misma”.
Según los denunciantes, los hechos descritos son “constitutivos de un delito de maquinación para alterar el precio de las cosas”, tipificados en el Código Penal con la pena de prisión de uno a tres años y multa de 12 a 24 meses así como inhabilitación especial para licitar subasta judiciales de entre tres y cinco años.
El fiscal considera que el liquidador municipal pudo amañar una subasta
MARGA GARCÍA.
ESTEPONA.- El Ministerio Fiscal considera que el liquidador municipal del Ayuntamiento de Estepona, Juan Manuel de Hoyos, pudo amañar una subasta de bienes públicos de una de las empresas en liquidación, según los documentos que obran en poder de EL MUNDO de Málaga.
En concreto, la Fiscalía dio traslado el pasado 5 de junio de 2006 al Juzgado número 1 de Estepona de su rechazo al requerimiento de la defensa del liquidador a archivar la investigación, por entender que “los términos de la denuncia hacen presumir de la posible existencia de un delito de alteración en el precio en concursos y subastas públicas, por lo que es necesario determinar la naturaleza de los hechos”. Asimismo, el fiscal entiende que haya que tramitar la investigación para “determinar la naturaleza y circunstancia del hecho, así como las personas que hayan participado” en el proceso.
De Hoyos fue nombrado por el actual equipo de gobierno de Estepona, formado por PSOE y PES, como liquidador de las empresas municipales Estepona XX, y tras casi cuatro años en su puesto continúa sin hacer la liquidación de cuentas, según fuentes solventes.
La titular del Juzgado número 2 de Estepona inició esta investigación ante dos denuncias interpuestas por irregularidades en una subasta pública de dos propiedades de la sociedad municipal Compras Estepona XXI, S.L., por considerar los actores de la querella que el liquidador municipal, Juan Manuel de Hoyos Vallejo, y la empresa PROENCO 2005 S.L. “se concertaron entre sí con el fin de alterar el precio del remate”.
La jueza dictó como medida cautelar la “suspensión de la elevación a documento público” de las dos parcelas subastadas.
El liquidador municipal, Juan Manuel de Hoyos Vallejo, recurrió la suspensión judicial bajo dos argumentos: “El perjuicio económico que el está causando a las sociedades en liquidación (estimada en unos 10.000 euros mensuales)” y en “el convencimiento de que en todo momento ha actuado correctamente y conforme a derecho”. Ambos argumentos han sido desestimados por el fiscal.
Las irregularidades fueron denunciadas por dos de las tres empresas que concurrieron a la subasta convocada por al empresa pública Estepona XXI. S.L., según la documentación que obra en poder de EL MUNDO de Málaga.
La empresa pública subastó dos fincas de su propiedad: una casa situada en la villa de Casares, de 40 metros cuadrados de superficie y dos plantas, y una parcela en el término municipal de Estepona de 4.393 metros cuadrados.
Más gibraltareñas
Las empresas denunciantes, Parqueolid Promociones S.A. y Habital de Estepona S.A., denunciaron que la subasta estaba previamente amañada para favorecer a la empresa PROENCO S.L. Una compañía que, como ya es habitual en el municipio de Estepona cuando existen sospechas de irregularidad, es sólo la administradora de una empresa gibraltareña: Colosseum Services UK Limites.
Las empresas denunciantes consideran que el liquidador municipal, Juan Manuel de Hoyos Vallejo, cercenó el acceso a la subasta mediante burdas estrategias. En concreto, Parqueolid S.A. aportó documentos notariales en los que intenta demostrar ante la jueza que le proceso es nulo de pleno derecho porque no se le permitió optar a la subasta, ya que el citado liquidador puso múltiples trabas a la hora de cumplir con algunos de los requisitos formales para concurrir.
Parqueolid S.A. se cayó de la subasta, siempre según la querella, porque se le pusieron numerosos impedimentos para acceder a uno de los requisitos de las bases de la subasta: la presentación de una certificación de no tener deudas con ninguna de las empresas municipales de Estepona.
Distintas vicisitudes impidieron tramitar este requisito de no tener contraídas deudas con las sociedades municipales, lo que dejó a ambas empresas fuera de la subasta, pese a presentar losa vales, y cumplir el resto de los compromisos de las bases del concurso, como estar al día en el pago de la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, actuaciones administrativas que no dependían del citado liquidador.
A puerta cerrada
Uno de los puntos más fuertes de la denuncia de la empresa Parqueolid Promociones S. L. es el que afirma que una vez ganó la subasta “la empresa Proenco 2005 S. L., sociedad cuyo administrador único es la sociedad Coloseeum Services UK LTD, que como segundo postor de la subasta fue adjudicatario, el representante legal de esta empresa solicitó una entrevista a puerta cerrada en la que se ofreció venderle la finca que se le acababa de adjudicar a un precio notablemente superior al que la empresa Parqueolid Promociones S. L. había ofertado en la subasta y por el que se había adjudicado la misma”.
Según los denunciantes, los hechos descritos son “constitutivos de un delito de maquinación para alterar el precio de las cosas”, tipificados en el Código Penal con la pena de prisión de uno a tres años y multa de 12 a 24 meses así como inhabilitación especial para licitar subasta judiciales de entre tres y cinco años.
posted by j.I @ 3:06 AM
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