Los delitos urbanísticos superan al Supremo
Diario.digitalnegocio. Jueves 29 de febrero
Los delitos urbanísticos superan al Supremo
La nueva Ley del Suelo se encuentra a punto de ser debatida en el Senado pero el Tribunal Supremo (TS) apenas puede esperar más. Fuentes de la institución señalan que la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, en manos de Antonio Vercher, tiene que hacer frente a "una situación insostenible".
La causa radica en las "dificultades existentes" para perseguir ese tipo de delitos con las normas actuales. En especial, resulta compleja la casación de la normativa urbanística con el Código Penal. Así, con la Ley del Suelo de 1998, el suelo urbanizable se declaró residual por lo que, en la actualidad la inmensa mayoría del suelo español es susceptible de que se construya sobre él. Sin embargo, el Código Penal se expresa en términos opuestos ya que penaliza desde 1995 la construcción no autorizada en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural. Ante esta situación, el propio Vercher ha adelantado que uno de los objetivos de la Fiscalía es "elaborar una base de datos que recoja todas las sentencias y la jurisprudencia dictadas en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio". Todo es poco para un país como España que con apenas 45 millones de habitantes y una superficie de medio millón de kilómetros cuadrados, es el primer consumidor europeo de cemento y el quinto a nivel mundial. Según la Fiscalía, nuestro país se halla en cotas equiparables a China, Brasil o Rusia. El fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia también criticó recientemente las limitaciones que presenta el Código Penal a la hora de perseguir los delitos urbanísticos. No obstante, Juan Pablo Lozano también diferenció entre la "contundencia" con la que el Tribunal Supremo se pronuncia en los últimos años y la permisividad de algunas audiencias provinciales. Lozano reclama a los jueces "mano dura" y subrayó las dificultades prácticas que deben afrontar los fiscales a la hora de investigar cuestiones relacionadas con la ordenación del territorio. Volviendo a Vercher, el fiscal del Supremo confía en que la situación cambiará con la nueva Ley del Suelo, que se espera entre en vigor el 1 de julio. A su juicio, cambiará las tornas y garantizará una conexión lógica y coherente de la normativa urbanística con el Código Penal. Por ejemplo, señaló, la nueva normativa propone una reserva de suelo para vivienda protegida del 30%. También, los cambios de planeamientos urbanísticos, hasta ahora competencia de las comisiones urbanísticas se tendrán que hacer por parte del pleno de los ayuntamientos. En cuanto a las recalificaciones de suelo los nombres de los propietarios del terreno deberán saberse plenamente.
Los delitos urbanísticos superan al Supremo
La nueva Ley del Suelo se encuentra a punto de ser debatida en el Senado pero el Tribunal Supremo (TS) apenas puede esperar más. Fuentes de la institución señalan que la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, en manos de Antonio Vercher, tiene que hacer frente a "una situación insostenible".
La causa radica en las "dificultades existentes" para perseguir ese tipo de delitos con las normas actuales. En especial, resulta compleja la casación de la normativa urbanística con el Código Penal. Así, con la Ley del Suelo de 1998, el suelo urbanizable se declaró residual por lo que, en la actualidad la inmensa mayoría del suelo español es susceptible de que se construya sobre él. Sin embargo, el Código Penal se expresa en términos opuestos ya que penaliza desde 1995 la construcción no autorizada en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural. Ante esta situación, el propio Vercher ha adelantado que uno de los objetivos de la Fiscalía es "elaborar una base de datos que recoja todas las sentencias y la jurisprudencia dictadas en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio". Todo es poco para un país como España que con apenas 45 millones de habitantes y una superficie de medio millón de kilómetros cuadrados, es el primer consumidor europeo de cemento y el quinto a nivel mundial. Según la Fiscalía, nuestro país se halla en cotas equiparables a China, Brasil o Rusia. El fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia también criticó recientemente las limitaciones que presenta el Código Penal a la hora de perseguir los delitos urbanísticos. No obstante, Juan Pablo Lozano también diferenció entre la "contundencia" con la que el Tribunal Supremo se pronuncia en los últimos años y la permisividad de algunas audiencias provinciales. Lozano reclama a los jueces "mano dura" y subrayó las dificultades prácticas que deben afrontar los fiscales a la hora de investigar cuestiones relacionadas con la ordenación del territorio. Volviendo a Vercher, el fiscal del Supremo confía en que la situación cambiará con la nueva Ley del Suelo, que se espera entre en vigor el 1 de julio. A su juicio, cambiará las tornas y garantizará una conexión lógica y coherente de la normativa urbanística con el Código Penal. Por ejemplo, señaló, la nueva normativa propone una reserva de suelo para vivienda protegida del 30%. También, los cambios de planeamientos urbanísticos, hasta ahora competencia de las comisiones urbanísticas se tendrán que hacer por parte del pleno de los ayuntamientos. En cuanto a las recalificaciones de suelo los nombres de los propietarios del terreno deberán saberse plenamente.
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