La Costa cada vez mas privatizada

Ecologistas en Acción. Martes 20 de febrero

La Costa cada vez mas privatizada

Ecologistas en Acción presenta un informe que prueba el incumplimiento sistemático por parte de las Comunidades Autónomas de la Ley de Costas, y señala cómo la privatización del dominio público marítimo terrestre y la destrucción de los ecosistemas litorales son cada vez más frecuentes.
El informe demuestra que las administraciones autonómicas y locales, con el consentimiento en ocasiones de la Dirección General de Costas están privatizando el Dominio Público Marítimo terrestre (DPMT), no solo por la indebida ocupación o invasión de esta zona, si no por la recalificación de las zonas de servidumbre. Ello está provocando el incumplimiento de las zonas de tránsito e impidiendo cada vez mas el acceso al mar, encontrándose dichas zona cerradas o modificadas en la mayor parte de los casos por zonas residenciales o complejos turísticos.
La privatización del dominio público marítimo terrestre, es ya el principal problema que están sufriendo, en algunos territorios de forma generalizada, las costas del Estado español. Un ejemplo claro lo constituye el Hotel Barceló situado en Cala Vinyes, en Baleares, el cuál con sus reformas invade el Dominio Público Marítimo Terrestre, en un claro intento de privatizar la zona de la playa.
Otro intento de privatización del litoral lo constituye el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA), documento que, al mismo tiempo que protege los primeros 500 metros de las edificaciones, permite en esa misma franja la instalación de campos de golf, actuando de “efecto llamada” de las promotoras urbanísticas para instalar en los metros contiguos todo el modelo residencial, hotelero y de servicios.
Además, el informe demuestra que se está produciendo una ocupación constante de la servidumbre de transición y protección, debido a la construcción de macro-infraestructuras como complejos turísticos o residenciales, en numerosas ocasiones acompañados por campos de golf. Esta práctica de incivismo por parte de las administraciones se observa a lo largo de todo el litoral español, debiéndose destacar el descarado proyecto de construcción de 2 torres de 21 plantas a pie de mar en el Rincón de Loix (Benidorm) a tan solo 60 cm de la línea de costa, y que cuenta con el visto bueno de la Generalitat Valenciana.
Otro grave problema de nuestras costas es que los 20 primeros metros de la zona de servidumbre de protección están catalogados como zonas de especial protección, donde las construcciones pueden ser de una altura máxima de 1 metro. Sin embargo, la realidad es que se construyen instalaciones de más de 30 metros que constituyen auténticas fachadas arquitectónicas. La franja levantina es el lugar donde el problema del efecto pantalla que plantea la Ley de Costas se reproduce en mayor número. Siendo la zona de Benidorm y la Manga del Mar Menor sus máximos representantes.
Este modelo se ha exportado a lugares donde no estaba prácticamente representado como la Playa de la Casería, en San Fernando (Cádiz), donde se han instalado 7 torres de 16 plantas de altura a escasos metros del mar y situándose en terrenos colindantes al Parque Natural de la Bahía de Cádiz y ejerciendo un efecto pantalla sobre toda la Bahía de Cádiz. La Administración Autonómica es la encargada de gestionar este espacio.
Si analizamos el cumplimiento de la Servidumbre de Tránsito y de Acceso, vemos que aunque esta zona conlleva la obligación quedar permanentemente libre al paso público peatonal y tan sólo vehículos rodados de vigilancia y salvamento. Vemos que ésto se incumple de forma sistemática, siendo costa levantina y la costa del sol, los máximos exponentes de este incumplimiento.
Un caso descarado y muy reprochable, es la gestión tanto de la Administración Regional de Murcia como la de los ayuntamientos de San Javier y Cartagena que nos han legado una situación casi de colapso en la Manga del Mar Menor e impidiendo el libre acceso a gran cantidad de playas de esta barra litoral. Quedando muchas de éstas casi en uso privado.
Otro caso destacado se representa en la Ensenada de Portio, en Liencres (Cantabria) donde hay que llamar la atención sobre la permanencia de incontables vallas y cierres que impiden la utilización de la servidumbre de paso.
Ante esta situación, Ecologistas en Acción denuncia la nula voluntad de la mayoría de las Comunidades Autónomas de garantizar el cumplimiento de la Ley de Costas y asegurar la conservación de los ecosistemas litorales, y solicita al Ministerio de Medio Ambiente, concretamente a la Dirección General de Costas, que se adopten medidas que permitan solucionar estos problemas. Ecologistas en Acción considera especialmente importante que se establezcan mecanismos de coordinación y cooperación entre las distintas administraciones competentes para garantizar una adecuada gestión del litoral.