El Ayuntamiento comienza a cobrar sanciones urbanísticas a punto de caducar

El Periódico de Estepona. Sábado 10 de febrero

El Ayuntamiento comienza a cobrar sanciones urbanísticas a punto de caducar

Debe recaudar más de 2,5 millones de euros

Por : Santiago Manchado

El Ayuntamiento de Estepona ha puesto al cobro expedientes urbanísticos sancionadores incoados hasta marzo de 2003 por un valor de más de 2,5 millones de euros, y que estaban a punto de prescribir sin que esta cantidad hubiera sido ingresada en las arcas municipales. El tesorero municipal puso esta situación en conocimiento del alcalde, Antonio Barrientos, porque “de no cobrarse estas sanciones se estaría cometiendo un delito de prevaricación, ya que se estarían menoscabando los tributos públicos”, reconoció el primer edil.
Barrientos explicó que las sanciones que se ponen al cobro ahora, tras notificárselas a los presuntos infractores, se deben, en su mayor parte, a construcciones que se levantan sobre suelo no urbanizable. Por este motivo, además de la multa económica, cuya cuantía varía en función de la ilegalidad cometida y se calcula a razón del 150% del valor de lo construído, el departamento municipal de Disciplina Urbanística podría obligar a restaurar la legalidad y exigir incluso la demolición de las edificaciones que cumplan la norma.Barrientos explicó ayer el estado de estos expedientes después de que el portavoz de los propietarios de diseminados rurales afectados por el Plan de Ordenación Territorial (POT) de la Costa del Sol Occidental, Miguel Quirós, denunciara que los dueños de edificaciones construidas en terrenos no urbanizables o protegidos en el término municipal están comenzando a recibir sanciones del Ayuntamiento, que oscilan entre los 48.000 y los 100.000 euros “por cobertizos”. Pero el alcalde aseguró que no se trata de sanciones a los ‘campitos’, sino “ a otro tipo de construcciones”.Por su parte, la concejala no adscrita, Rosa Díaz, manifestó que espera que el retraso en la puesta al cobro de los expedientes “responda a cuestiones administrativas y no a un intento de presionar a los propietarios para que no vayan en contra del PGOU”.