El pleno de Estepona pide que se fiscalicen convenios de los últimos cinco años
Diario SUR sábado 30 diciembre
El pleno de Estepona pide que se fiscalicen convenios de los últimos cinco años
MERCEDES PERIÁÑEZ / YEDALAMO/ESTEPONA
El pleno de la corporación municipal aprobó ayer por unanimidad instar a la Cámara de Cuentas de Andalucía para que fiscalice los convenios urbanísticos aprobados en los último cinco años. El portavoz de Izquierda Unida (IU), Eduardo Alarcón, presentó una moción en la que se propone el análisis de los acuerdos urbanísticos que se hayan promovido para la modificación o inclusión en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU); así como la fiscalización de los aprovechamientos enajenados y si éstos se han adaptado a los fines establecidos para el patrimonio municipal del suelo. El portavoz de IU justificó la urgencia de la moción en la necesidad de incluir este acuerdo plenario en el plan de actuaciones de la Cámara de Cuentas para el próximo ejercicio. Alarcón justificó esta propuesta por la alarma social en materia de urbanismo que se creó tras la decisión del alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, de no firmar convenios de planeamiento durante lo que resta de legislatura. «Ante los efectos negativos que transmiten los casos de presunta corrupción urbanística, la medida dará una respuesta efectiva a una demanda ciudadana que constituya una medida de transparencia y elimine cualquier duda sobre la gestión del urbanismo», dijo Alarcón.No será la primera vez que los acuerdos urbanísticos se someten a la fiscalización de la Cámara de Cuentas. El informe llevado a cabo sobre el periodo 1997-1998, correpondientes al gobierno de GIL, puso de manifiesto irregularidades en el Ayuntamiento con un perjuicio económico para las arcas municipales de 4,7 millones de euros. ViviendaEl debate sobre el acuerdo con Chamartín para construir Viviendas de Protección Oficial (VPO) y el convenio del personal laboral de Ayuntamiento centraron el debate de la sesión plenaria. Finalmente, la corporación aprobó por unanimidad actualizar nuevas valoraciones en los terrenos que la mercantil y el Consistorio permutarán, así como facultar al alcalde para que firme el acuerdo y se someta nuevamente a la sesión plenaria. Los concejales acordaron además convocar la junta de portavoces antes de la rúbrica del convenio para analizar las posibles modificaciones del mismo.El convenio del personal laboral se aprobó con el visto bueno de todos los ediles de la corporación, a excepción de los populares, que se abstuvieron en la votación. El portavoz del PP, Ignacio Mena, esgrimió que aunque comparten la filosofía del documento, no han podido tener participación en el mismo
El pleno de Estepona pide que se fiscalicen convenios de los últimos cinco años
MERCEDES PERIÁÑEZ / YEDALAMO/ESTEPONA
El pleno de la corporación municipal aprobó ayer por unanimidad instar a la Cámara de Cuentas de Andalucía para que fiscalice los convenios urbanísticos aprobados en los último cinco años. El portavoz de Izquierda Unida (IU), Eduardo Alarcón, presentó una moción en la que se propone el análisis de los acuerdos urbanísticos que se hayan promovido para la modificación o inclusión en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU); así como la fiscalización de los aprovechamientos enajenados y si éstos se han adaptado a los fines establecidos para el patrimonio municipal del suelo. El portavoz de IU justificó la urgencia de la moción en la necesidad de incluir este acuerdo plenario en el plan de actuaciones de la Cámara de Cuentas para el próximo ejercicio. Alarcón justificó esta propuesta por la alarma social en materia de urbanismo que se creó tras la decisión del alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, de no firmar convenios de planeamiento durante lo que resta de legislatura. «Ante los efectos negativos que transmiten los casos de presunta corrupción urbanística, la medida dará una respuesta efectiva a una demanda ciudadana que constituya una medida de transparencia y elimine cualquier duda sobre la gestión del urbanismo», dijo Alarcón.No será la primera vez que los acuerdos urbanísticos se someten a la fiscalización de la Cámara de Cuentas. El informe llevado a cabo sobre el periodo 1997-1998, correpondientes al gobierno de GIL, puso de manifiesto irregularidades en el Ayuntamiento con un perjuicio económico para las arcas municipales de 4,7 millones de euros. ViviendaEl debate sobre el acuerdo con Chamartín para construir Viviendas de Protección Oficial (VPO) y el convenio del personal laboral de Ayuntamiento centraron el debate de la sesión plenaria. Finalmente, la corporación aprobó por unanimidad actualizar nuevas valoraciones en los terrenos que la mercantil y el Consistorio permutarán, así como facultar al alcalde para que firme el acuerdo y se someta nuevamente a la sesión plenaria. Los concejales acordaron además convocar la junta de portavoces antes de la rúbrica del convenio para analizar las posibles modificaciones del mismo.El convenio del personal laboral se aprobó con el visto bueno de todos los ediles de la corporación, a excepción de los populares, que se abstuvieron en la votación. El portavoz del PP, Ignacio Mena, esgrimió que aunque comparten la filosofía del documento, no han podido tener participación en el mismo
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