Una protesta de efecto retardado

Diario Sur. Martes 11 de marzo de 2008

Una protesta de efecto retardado

La reforma fiscal se aprobó hace más de seis meses pero las notificaciones del valor de las viviendas tras la revisión del catastro han movilizado a los vecinos contra la política municipal

LA reforma fiscal se ha convertido en la protagonista de las últimas semanas. El incremento de tasas e impuestos se aprobó en agosto del año pasado, pero los vecinos no han sido conscientes del alcance de las mismas hasta este año, cuando se van a empezar a aplicar.

La nueva política económica supondrá importantes novedades para los ciudadanos. La modificación de la ordenanza fiscal contempla el incremento en un 30% del tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), fijado en el máximo legal; esto es, el 1,1% sobre el valor del inmueble. Precisamente, la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda aprobó el pasado octubre la revisión del catastro, que supone un aumento de los valores de las viviendas.

El equipo de gobierno anunció que subvencionará la subida de estos dos índices a los empadronados en Estepona y a los pequeños comerciantes. En total, se destinarán unos seis millones de euros para financiar -en todas sus propiedades- a unos 23.000 censados y a un tercio de los comercios existentes en el municipio. Lo cierto es que para acceder a estas ayudas los vecinos no deberán tener deudas tributarias con la hacienda local y estatal, así como con la Tesorería General de la Seguridad Social. Asimismo, deberán hacer constar esta ayuda en la declaración de la renta.

Sin ayudas

El resto no se beneficiará de esta subvención. Así las cosas, los no empadronados y quienes no cumplan los requisitos para percibir esta ayuda económica serán los más perjudicados con esta reforma fiscal ya que tendrán que hacer frente a un tipo impositivo fijado en el máximo legal y al incremento del valor catastral de su vivienda.

Precisamente, la llegada de las notificaciones individualizadas de los valores catastrales de los inmuebles urbanos levantó las críticas de los vecinos, que iniciaron a finales del mes pasado las primeras concentraciones multitudinarias contra la política de impuestos. Las protestas se realizaron en plena campaña electoral y fueron respaldadas por los partidos de la oposición (PP y PES) que exigen al equipo de gobierno una rectificación en su política. Estos grupos consideran que la política de subvenciones no es eficaz y proponen como alternativa una bajada del tipo impositivo del IBI sin discriminar a los no empadronados.

Otros aumentos fiscales

Lo cierto es que la modificación de la ordenanza fiscal contempla la creación de tres nuevos impuestos. El que más afectará al bolsillo de los ciudadanos será el de la basura, que supondrá unos 120 euros anuales. A este desembolso habrá que sumar dos nuevos tributos por el mantenimiento del alcantarillado -que supondrá unos 50 euros anuales- y la extinción de incendios. A esto hay que sumar la actualización de casi una treintena de tasas y precios públicos. Así las cosas, el incremento del IPC se aplicará a los servicios de cementerio, expedición de documentos públicos y ocupación de la zona marítimo-terrestre, entre otros. También sufrirán modificaciones las tarifas de retirada de vehículos (se fijará entre 60 y 90 euros) y de colocación de vados. Los precios de las guarderías municipales se establecerán entre los 65 y 75 euros mensuales. Los usuarios las instalaciones deportivas y cursos municipales también tendrán que pagar más por estos servicios.