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Wednesday, March 28, 2007

La fiscalía admite a trámite una denuncia urbanística de Estepona 2007


El Periódico de Estepona. Jueves 29 de marzo 07

La fiscalía admite a trámite una denuncia urbanística de Estepona 2007





Díaz ha asegurado que el alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), no devolvió a la mercantil los 1,6 millones de euros que esta abonó



Por : E. Jerez



La fiscalía de Málaga ha admitido a trámite la denuncia presentada por Estepona 2007 en relación al expediente de Cortijo Casareño, mediante el cual se permitía la venta directa de tres parcelas a una mercantil sin sacarlas a subasta pública.Según ha explicado la concejala no adscrita, Rosa Díaz, la fiscalía ha iniciado una investigación al respecto, por lo que requerirá al Ayuntamiento toda la documentación sobre este expediente.A pesar de que se aprobó en pleno anular la venta de estos terrenos y su salida a subasta pública tras la exigencia formulada desde la Junta de Andalucía tras conocerse la denuncia formulada por el tesorero municipal, Díaz ha asegurado que el alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), no devolvió el dinero a la mercantil los 1,6 millones de euros que esta abonó a pesar de que este había anunciado que así lo haría en el pleno del pasado 21 de diciembre.Al margen de la irregularidad denunciada, Díaz asegura que existen otros aspectos relacionados con la subasta a la que se sacaron posteriormente los terrenos que no están del todo claros, por lo que también remitirá la adjudicación de la parcela mediante subasta a la fiscalía. Y es que, según Díaz, solo participó en ese concurso la empresa que había adquirido inicialmente los terrenos, “ya que el Ayuntamiento no había escriturado a su nombre la parcela que le correspondía, de manera que si cualquier otra sociedad hubiera aspirado a hacerse con los suelos tendría que haber iniciado un litigio sobre la reparcelación de los terrenos”. En total, el Consistorio dispone en Cortijo Casareño de 12.744 metros cuadrados.Si el Ayuntamiento hubiera escriturado sus suelos tal y como le correspondía, según Díaz, “podía haber construido VPO en ellos o bien, venderlos a un precio más elevado, ya que se trata de uno de los pocos terrenos finalistas que quedan en el municipio, ya que los suelos se habrían adjudicado al mayor postor”. Es decir, se trata de las pocas parcelas en las que los promotores podrían comenzar a construir directamente.Díaz ha asegurado que desde la delegación de la Vivienda ya se le notificó al alcalde la irregularidad de la venta de los terrenos en septiembre de 2006. Concretamente en el citado escrito se asegura que “lo lógico, razonable y justo sería que pudiésemos materializar la edificabilidad en una sola finca, lo cual no se hace, entendiendo que se perjudica al Ayuntamiento, creando con los aprovechamientos del ente local unos proindivisos para que no tengamos finca mínima para poder edificar en esa parcela, no siendo rentable su edificación”.Para solucionar esta situación, desde la delegación de la Vivienda proponían al alcalde “reformar el proyecto de reparcelación y que cada uno de los propietarios tengan sus aprovechamientos en las parcelas correspondientes”. En el caso de no llevarse a cabo esa reparcelación se proponía “sacarlos a subasta, vendiéndose a la mejor oferta”, opción que entienden “no aconsejable ante la falta de VPO). En el caso de venderse los suelos se apunta a la necesidad de “elevar el precio de su tasación debido a la naturaleza finalista del suelo”, insistiendo en “no vender los aprovechamientos municipales”