Tribunal de Cuentas buscará justificación de 1,5 millones en mandato GIL

Información aparecida en El Mundo, diario Área Campo de Gibraltar y diario SUR.

Tribunal de Cuentas buscará justificación de 1,5 millones en mandato GIL

El Tribunal de Cuentas acogerá el 27 de octubre la audiencia previa de los procedimientos de responsabilidad por alcance contable de las sociedades municipales Servicios Estepona XXI y Planeamiento Estepona XXI, con 1,5 millones de euros pendientes de justificar durante el gobierno del GIL.Durante la audiencia previa, los demandados, entre ellos el actual portavoz del Partido Estepona (PES) y primer teniente de alcalde, José Ignacio Crespo, y el concejal de Turismo, Antolín González (PES), presentarán sus alegatos ante la demanda formulada en el ejercicio de la acción popular por los integrantes del grupo político "Convocatoria", según informaron estos a Efe.
Los ediles han esgrimido en su defensa que desconocían las actividades realizadas por el gerente de dichas empresas, Antonio Pérez Quero, y plantean que el Tribunal de Cuentas no sea competente para juzgar las acciones que son ejercitadas porque el patrimonio de la sociedad fiscalizada es "privado debido a su naturaleza jurídica privada", según entiende su procuradora, Teresa Pérez de Acosta.
Por lo tanto, al no regirse por un presupuesto ni ser titulares de fondos públicos "no cabe que las actuaciones sobre los mismos puedan ser objeto de enjuiciamiento por el Tribunal de Cuentas", según consideran.La procuradora también plantea "la prescripción de las acciones ejercitadas" contra sus representados, porque "ha transcurrido con exceso el plazo de cinco años desde el cese" de ambos como ediles, el 23 de julio de 1999, sin que se les haya notificado desde entonces actuación alguna de ese Tribunal "hasta el momento en el que se les ha comunicado la apertura de actuaciones previas", en abril de 2005.
Así, "las actuaciones que hubiera habido, cualquiera que fuese su calificación por ese Tribunal, han prescrito".
Sin embargo, Convocatoria sostiene, entre otros argumentos, que "ellos eran responsables de las sociedades, que eran públicas pero que escapaban al control y acción del Tribunal de Cuentas y de otros órganos fiscalizadores".
Calificaron de "maniobra burda" los planteamientos presentados por los ediles para evitar responsabilizarse de una gestión "que ha sido extraordinariamente gravosa para los intereses municipales".
En los próximos días se pasará a la fase de proposición de prueba y se espera que el Tribunal dicte sentencia durante los primeros meses de 2007, según la acción popular.