Las empresas municipales duplicaron su personal en el último mandato con contrataciones a dedo
Diario Sur. Domingo 14 de julio de 2008
Las empresas municipales duplicaron su personal en el último mandato con contrataciones a dedo
Sin proceso de selección, sin convocatoria pública y sin evaluar la capacidad del trabajador. Así se entra a trabajar en las empresas municipales del Ayuntamiento de Estepona desde que éstas se crearon hace ocho años. Todo lo contrario a lo que recoge la normativa. El convenio de estas sociedades públicas exige que la contratación debe realizarse mediante pruebas objetivas de selección para comprobar el grado de aptitud del aspirante.
Los sindicatos han denunciado en numerosas ocasiones ante los responsables políticos el incumplimiento de este aspecto. Es más, según fuentes sindicales, los acuerdos laborales de los trabajadores de las sociedades públicas tienen que estar rubricados por el representante sindical, junto con la empresa y el trabajador. Una firma, que según explicaron las mismas fuentes, nunca se les ha pedido. Una práctica diferente a la que se sigue para la contratación del personal laboral y funcionario del Ayuntamiento, donde se realizan los procesos de selección y se hace un seguimiento de los méritos del aspirante.
Los partidos coincidieron en definir las empresas públicas como un «monstruo». Lo cierto es que en este tiempo han encontrado en este tipo de contratación la fórmula idónea para sacar rédito político mediante la contratación de familiares y personal afines al partido. Las primeras pesquisas de la 'operación Astapa' destaparon un «hervidero de tráfico de influencias». Las conversaciones captadas por la policía durante la investigación entre miembros y técnicos de la Corporación municipal pusieron de manifiesto presuntos tratos de favor, prebendas y colocaciones de personas a dedo.
Así las cosas, el crecimiento que han experimentado las seis empresas municipales en los últimos años ha sido espectacular. Durante el último mandato las contrataciones casi se duplicaron pasando de 477 trabajadores a 824. Una cifra muy superior a la del personal laboral y funcionario del Consistorio, integrado por unas 500 personas.
Una herencia del GIL
Las sociedades públicas actuales son una herencia de las empresas creadas en la época del GIL, que se disolvieron en 2000. Entonces tenían 276 trabajadores. Hoy están contratados un total de 880, unos 200 de ellos, de forma temporal o como personal de alta dirección. Los incrementos más significativos se han producido en épocas de cambios de Corporación. Tras las elecciones de 2003 y al final (2007) se produjeron más de un centenar de contrataciones en cada uno de estos años. Durante este periodo de gobierno el entonces edil de Hacienda, Manuel Reina, -en la actualidad en prisión sin fianza por el 'caso Astapa'- fue el máximo responsable de las empresas públicas como consejero delegado de las mismas.
La fórmula ideada para poner fin a esta práctica de contrataciones a dedo fue la disolución de las empresas municipales y la integración de su personal en el Consistorio como personal laboral. Lo cierto es que el 'caso Astapa' dejó en punto muerto este proceso. El Consistorio tenía previsto la misma semana en la que se destapó esta presunta trama de corrupción aprobar en pleno la relación de puestos de trabajo para subrogar al personal de las empresas. Las soluciones se tendrán que retomar ahora con la nueva Corporación.
Las empresas municipales duplicaron su personal en el último mandato con contrataciones a dedo
Sin proceso de selección, sin convocatoria pública y sin evaluar la capacidad del trabajador. Así se entra a trabajar en las empresas municipales del Ayuntamiento de Estepona desde que éstas se crearon hace ocho años. Todo lo contrario a lo que recoge la normativa. El convenio de estas sociedades públicas exige que la contratación debe realizarse mediante pruebas objetivas de selección para comprobar el grado de aptitud del aspirante.
Los sindicatos han denunciado en numerosas ocasiones ante los responsables políticos el incumplimiento de este aspecto. Es más, según fuentes sindicales, los acuerdos laborales de los trabajadores de las sociedades públicas tienen que estar rubricados por el representante sindical, junto con la empresa y el trabajador. Una firma, que según explicaron las mismas fuentes, nunca se les ha pedido. Una práctica diferente a la que se sigue para la contratación del personal laboral y funcionario del Ayuntamiento, donde se realizan los procesos de selección y se hace un seguimiento de los méritos del aspirante.
Los partidos coincidieron en definir las empresas públicas como un «monstruo». Lo cierto es que en este tiempo han encontrado en este tipo de contratación la fórmula idónea para sacar rédito político mediante la contratación de familiares y personal afines al partido. Las primeras pesquisas de la 'operación Astapa' destaparon un «hervidero de tráfico de influencias». Las conversaciones captadas por la policía durante la investigación entre miembros y técnicos de la Corporación municipal pusieron de manifiesto presuntos tratos de favor, prebendas y colocaciones de personas a dedo.
Así las cosas, el crecimiento que han experimentado las seis empresas municipales en los últimos años ha sido espectacular. Durante el último mandato las contrataciones casi se duplicaron pasando de 477 trabajadores a 824. Una cifra muy superior a la del personal laboral y funcionario del Consistorio, integrado por unas 500 personas.
Una herencia del GIL
Las sociedades públicas actuales son una herencia de las empresas creadas en la época del GIL, que se disolvieron en 2000. Entonces tenían 276 trabajadores. Hoy están contratados un total de 880, unos 200 de ellos, de forma temporal o como personal de alta dirección. Los incrementos más significativos se han producido en épocas de cambios de Corporación. Tras las elecciones de 2003 y al final (2007) se produjeron más de un centenar de contrataciones en cada uno de estos años. Durante este periodo de gobierno el entonces edil de Hacienda, Manuel Reina, -en la actualidad en prisión sin fianza por el 'caso Astapa'- fue el máximo responsable de las empresas públicas como consejero delegado de las mismas.
La fórmula ideada para poner fin a esta práctica de contrataciones a dedo fue la disolución de las empresas municipales y la integración de su personal en el Consistorio como personal laboral. Lo cierto es que el 'caso Astapa' dejó en punto muerto este proceso. El Consistorio tenía previsto la misma semana en la que se destapó esta presunta trama de corrupción aprobar en pleno la relación de puestos de trabajo para subrogar al personal de las empresas. Las soluciones se tendrán que retomar ahora con la nueva Corporación.
posted by j.I @ 2:48 AM
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