Más de veinte ediles inmersos en causas judiciales repiten el 27-M

Más de veinte ediles inmersos en causas judiciales repiten el 27-M

7:42 Esperanza Codina. Málaga.

Está a punto de expirar el mandato en el que la Justicia se ha colado en los ayuntamientos de Málaga. El cruce de denuncias ha sido continuo y la tónica habitual en muchos pueblos, aunque buena parte de las acusaciones se han quedado en un mero intento por desprestigiar al rival y no han prosperado en los juzgados. No obstante, alrededor de 25 alcaldes y concejales están imputados en causas judiciales por distintos delitos, desde calumnias a cohecho, prevaricación o contra la ordenación del territorio, uno de los más comunes. La situación afecta a todos los partidos políticos y casi el cien por cien de los implicados repiten como candidatos en las elecciones municipales del 27-M.

Las excepciones se pueden contar con los dedos de una mano. Una es la del alcalde de Cómpeta, Leovigildo López (PP), que está a la espera de juicio por un delito urbanístico por permitir una edificación en suelo no urbanizable y se enfrenta a una petición fiscal de un año de cárcel y 10 de inhabilitación. También se retiran de la carrera electoral los ediles del Partido Democrático de Manilva (PDEM) José Benítez y Manuel Ramos, imputados por votar en 2004 a favor de la construcción de un recinto ferial en un suelo de protección especial.

En este sumario están acusados también los cuatro ediles de IU que hay en la Corporación, que repiten como candidatos; el actual alcalde y candidato del PSOE, Salvador Zotano; y los concejales del PDEM Francisco Miguel Álvarez y Rafael Mena, número uno y cinco, respectivamente, de la lista del PP para el 27 de mayo. Zotano está inmerso en otra causa por un presunto delito de tráfico de influencias por la contratación de una empresa de electricidad de la que era apoderado.

El delito estrella es el urbanístico. Juan Vera, alcalde de Tolox –ex del PA y ahora en Convergencia Andaluza– es uno de los cargos imputados por atentar contra la ordenación del territorio y un juzgado tiene paralizados los proyectos de construcción de varias urbanizaciones que suman cerca de 2.500 viviendas. Juan Millán (PSOE), regidor de Viñuela, está en el punto de mira y se investiga la concesión de 25 licencias en suelo no urbanizable, mientras que el también socialista Gabriel Clavijo, regidor de Coín, tiene un par de causas abiertas por la edificación de sendas viviendas en suelo no urbanizable.

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova (PP), se enfrenta a una acusación de prevaricación por presuntas irregularidades en la concesión de una licencia de apertura de un establecimiento de hotelería, mientras que el de Gaucín, Francisco Corbacho (PA), está pendiente de un juicio por malversación y prevaricación por, presuntamente, disponer del dinero del Ayuntamiento en beneficio propio.

La lista es aún mayor. Un juzgado investiga si el alcalde de Mijas, el socialista Agustín Moreno, incurrió en los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en el proceso de adjudicación de la gestión del hipódromo, y el alcalde de Benalmádena, el independiente Enrique Bolín, uno de los políticos más acosados por las denuncias, tiene ahora mismo dos casos abiertos, uno que colea desde 1998 y otro relacionado con la titularidad de una parcela sobre la que se construyó una pista infantil de tráfico.

El regidor de Torremolinos, Pedro Fernández Montes (PP), está imputado en varias causas, entre ellas, una por la supuesta contratación irregular de trabajadores de una sociedad municipal, y la alcaldesa de Fuengirola, la también popular Esperanza Oña, se enfrenta a una posible vulneración de los derechos fundamentales de los partidos de la oposición por impedir que se presenten mociones en los plenos municipales.

El candidato del PP a la Alcaldía de Villanueva de Algaidas y actual edil, David Granados, está pendiente de un juicio –la vista estaba prevista para hace unos días, pero se suspendió– por, presuntamente, falsificar permisos de trabajo para contratar a extranjeros.

Uno de los casos más sonados de los últimos meses ha sido la detención en enero pasado del alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, y del edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos del PP, por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho. Eludieron la prisión tras pagar una fianza de 100.000 euros cada uno y están imputados por, presuntamente, utilizar sus cargos para cobrar sobornos a cambio de resoluciones administrativas favorables.

El regidor de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), está imputado a raíz de la querella por calumnias que le presentó el ex edil del GIL y ex militante del PP José Gerez. La acusación pide para él un año de prisión y otro de inhabilitación para cargo público.

En la capital, el concejal socialista Enrique Salvo está imputado por un presunto delito de injurias tras la querella presentada por la edil del PP Teresa Porras.Estos casos ponen de relieve la judicialización que ha sufrido la política este mandato. Y hay más, porque existen más ayuntamientos investigados por la Fiscalía.