La rentabilidad del delito
Artículo de opinión de Joaquín Aurioles publicado en Huelva Información
La rentabilidad del delito
02:53 POR mucho que se rasguen algunas vestiduras, corrupción y construcción van de la mano en este país y en casi todas partes. Es más, hay quien sostiene que si en los últimos diez años se ha construido más que nunca, también la corrupción política vinculada al urbanismo ha alcanzado niveles que se desconocían hasta ahora. Y si continuamos tirando del hilo, el hecho de que aquí se haya construido mucho más que en cualquier otra parte de Europa invita a pensar que también aquí la delincuencia especializada en el tema ha sido más activa que en cualquiera de nuestros países vecinos.
Señalaba Adam Smith que los gremios conspiran permanentemente contra lo público, entendiendo por tal, no exactamente al estado ni al sector público institucional, sino más bien al interés general o común del conjunto de la sociedad. En este sentido, es lógico que el proceso de acoso recientemente abierto contra la delincuencia urbanística de los últimos años haya dado lugar a la aparición de "gremios de afectados" que, alegando ignorancia e intentando situarse en la parte de los perjudicados, pretende frenar la ejecución de sentencias judiciales reparadoras de la situación. Los casos más visibles, al menos en Andalucía, vuelven a localizarse en el litoral y, en particular, en la Costa del Sol, donde no solamente aumenta la nómina de imputados en las distintas operaciones abiertas, sino que también se observa cómo los argumentos esgrimidos por los afectados para frenar derribos y demoliciones comienzan a reflejarse en declaraciones programáticas de algunas candidaturas a las próximas elecciones municipales. Aspiran, en definitiva, a no verse perjudicados en el proceso de reparación de la agresión sufrida por el interés público; es de suponer que debido a su desconfianza en que el estado consiga que el coste de la reparación recaiga sobre el verdadero infractor. Estamos, por lo tanto, ante el recurrente conflicto de fijar los límites de responsabilidad que debe asumir un Estado que, no sólo no consigue evitar la acción del delincuente, sino tampoco la devolución del fruto de su delito, incluso cuando se encuentra detenido. Es en este tipo de situaciones cuando uno recuerda las tres variables que, según apuntaba Becker en 1968, considera el delincuente antes de delinquir: la compensación económica que espera obtener, la probabilidad de ser descubierto y detenido y la magnitud del castigo.
Si el modelo es bueno para explicar las conductas delictivas y se acepta que cada cual las interpreta de manera subjetiva, habrá que preguntarse sobre lo que ha podido ocurrir en el caso del urbanismo para que tanta gente haya decidido en los últimos tiempos franquear los límites que establecen las leyes. El juez Torres, instructor de casos como Malaya y Ballena Blanca, y por lo tanto, experto en el tema, acaba de pronunciarse en una conferencia en Bilbao: el delito urbanístico es rentable. Supongo que lo que quiere decir es que las compensaciones económicas son elevadas y la magnitud del castigo reducida, con frecuencia limitada a periodo de prisión y sin mecanismos eficaces para la restitución de los frutos económicos del delito.
Señalaba Adam Smith que los gremios conspiran permanentemente contra lo público, entendiendo por tal, no exactamente al estado ni al sector público institucional, sino más bien al interés general o común del conjunto de la sociedad. En este sentido, es lógico que el proceso de acoso recientemente abierto contra la delincuencia urbanística de los últimos años haya dado lugar a la aparición de "gremios de afectados" que, alegando ignorancia e intentando situarse en la parte de los perjudicados, pretende frenar la ejecución de sentencias judiciales reparadoras de la situación. Los casos más visibles, al menos en Andalucía, vuelven a localizarse en el litoral y, en particular, en la Costa del Sol, donde no solamente aumenta la nómina de imputados en las distintas operaciones abiertas, sino que también se observa cómo los argumentos esgrimidos por los afectados para frenar derribos y demoliciones comienzan a reflejarse en declaraciones programáticas de algunas candidaturas a las próximas elecciones municipales. Aspiran, en definitiva, a no verse perjudicados en el proceso de reparación de la agresión sufrida por el interés público; es de suponer que debido a su desconfianza en que el estado consiga que el coste de la reparación recaiga sobre el verdadero infractor. Estamos, por lo tanto, ante el recurrente conflicto de fijar los límites de responsabilidad que debe asumir un Estado que, no sólo no consigue evitar la acción del delincuente, sino tampoco la devolución del fruto de su delito, incluso cuando se encuentra detenido. Es en este tipo de situaciones cuando uno recuerda las tres variables que, según apuntaba Becker en 1968, considera el delincuente antes de delinquir: la compensación económica que espera obtener, la probabilidad de ser descubierto y detenido y la magnitud del castigo.
Si el modelo es bueno para explicar las conductas delictivas y se acepta que cada cual las interpreta de manera subjetiva, habrá que preguntarse sobre lo que ha podido ocurrir en el caso del urbanismo para que tanta gente haya decidido en los últimos tiempos franquear los límites que establecen las leyes. El juez Torres, instructor de casos como Malaya y Ballena Blanca, y por lo tanto, experto en el tema, acaba de pronunciarse en una conferencia en Bilbao: el delito urbanístico es rentable. Supongo que lo que quiere decir es que las compensaciones económicas son elevadas y la magnitud del castigo reducida, con frecuencia limitada a periodo de prisión y sin mecanismos eficaces para la restitución de los frutos económicos del delito.
posted by j.I @ 1:09 AM
<< Home