El ex empleado de Estepona dice que le ordenaban usar el dinero de retirada de coches en otros gastos

El Periódico de Estepona. Miércoles, 31 de enero

El ex empleado de Estepona dice que le ordenaban usar el dinero de retirada de coches en otros gastos

Antolín González declaró como testigo y señaló que el acusado "tenía la obligación de ingresar ese dinero en la Tesorería General"

Por : Agencias

Un ex coordinador de Hacienda de la empresa municipal Tributos Estepona XXI negó ayer en el juicio haberse quedado con la recaudación de la tasa de retirada de vehículos entre octubre de 1995 y diciembre de 1996 y señaló que "tenía órdenes" de los responsables municipales de Estepona de dejar ese dinero en una caja para hacer diferentes pagos, ya que el presupuesto del Ayuntamiento "estaba consumido". Declaró que de esas operaciones se hacían justificantes que "no aparecen por ningún sitio".
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga acogió ayer el juicio contra Alberto D.D., contratado como cargo de confianza para la coordinación de Hacienda de dicha empresa, para el que la Fiscalía malagueña solicitaba, en sus conclusiones iniciales, cinco años y medio de prisión y 10 de inhabilitación por quedarse con el dinero de las tasas de dicho servicio, lo que causó en 1995 y 1996 unos perjuicios al Consistorio valorados en unos 24.000 euros.El acusado declaró que un agente de la Policía Local le entregaba semanalmente el dinero recaudado, tras lo que se firmaba el correspondiente justificante y él se limitaba a ser "correa de transmisión". Aseguró que "tenía instrucciones" del entonces alcalde, Jesús Gil Marín --del Grupo Independiente Liberal (GIL)--; y del concejal Antolín González de que "el dinero se quedara en la caja para gastos"; y de "hacer gestiones con ese dinero".Explicó que la cantidad presuntamente malversada se empleó en Estepona para contratar un circo, pastorales para Navidad y un grupo brasileño para el Carnaval. "La documentación sobre esas salidas estaba toda en la Delegación", dijo el procesado, quien precisó que "ha desaparecido del archivo histórico". "Dónde están?, no lo sé, no aparecen en ningún sitio, supongo que porque cuando se fue el GIL se llevaron toda la documentación", apostilló.No obstante, no pudo responder al fiscal sobre por qué sólo ha desaparecido la documentación del periodo comprendido entre octubre de 1995 y diciembre de 1996, asegurando que faltan más documentos. Asimismo, manifestó al Tribunal que en esa caja no sólo se guardaba la recaudación de la retirada de vehículos sino cantidades procedentes de otras delegaciones e insistió en que "yo no tenía ninguna potestad para controlar ese dinero", que podía tardar "mucho tiempo en llegar a la Tesorería".Por su parte, el entonces concejal de Hacienda Antolín González declaró como testigo y señaló que el acusado "tenía la obligación de ingresar ese dinero en la Tesorería General" y de hecho añadió que pensaba "que lo ingresaba en la caja mayor", por lo que negó saber que "se le había dado otro destino". Tan sólo precisó que sí habilitó al empleado para que "tuviera dinero en caja para gastos pequeños, como publicaciones en boletines oficiales o compra de sellos".Asimismo, negó saber que una partida de febrero de 1998 de la recaudación de retirada de vehículos --fecha en la que el acusado no estaba en su puesto de coordinador-- tardó un año y medio en llegar a la Tesorería, como aparece en uno de los documentos incluido en la causa. En este punto, añadió que no sabe dónde se guardaba ese dinero.Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, el acusado fue contratado temporalmente por la sociedad mercantil Tributos Estepona XXI para prestar sus servicios como encargado de recibir el dinero que le entregaba la Policía Local correspondiente a las tasas de retirada de coches.El hombre, con iniciales A.D.D., seguía instrucciones de las Delegaciones de Seguridad Ciudadana y Hacienda del Consistorio y, según la calificación del ministerio público al que tuvo acceso Europa Press, tenía la obligación de "ingresar dichas cantidades en la Tesorería Municipal", pero "con la intención de enriquecerse" se fue apoderando de diversas cantidades.El escrito del fiscal apunta que el Tribunal de Cuentas dictó sentencia el 22 de junio de 2004 en la que se declaraba a este empleado responsable contable directo y le condenaba al pago de 18.117 euros, más los intereses. Para la acusación pública, los hechos son constitutivos de un delito de malversación impropia.